El Gobierno, la Justicia y la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Nicaragua se unieron este jueves en un operativo relámpago para deportar a 222 presos políticos, entre ellos religiosos, excandidatos presidenciales, diplomáticos y dirigentes con pasado de altos cargos en el sandinismo, despojarlos de su nacionalidad, inhabilitarlos en forma perpetua para ejercer cargos públicos y enviarlos a Estados Unidos.

El esquema, puntillosamente organizado, implicó una decisión judicial, una reforma exprés de la Constitución local en simultáneo y un acuerdo con Washington, evidentemente tejido con alguna anticipación, para que aceptara recibir a los ahora expresos.

La dimensión de la operación puede medirse por el número total de presos considerados políticos: el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas incluyó en su lista del mes pasado a 245 personas, y el sitio opositor 100%Noticias de Managua refirió que quedan ahora en las cárceles del país 39 reos con esa calificación.

«Se ordena la deportación inmediata y ya efectiva de 222 personas. Dichas personas ya fueron deportadas del país, para lo cual se giraron los oficios respectivos», declaró el juez Octavio Rothschuh, presidente de la Sala Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua.

El magistrado agregó que todos fueron privados de sus derechos políticos a perpetuidad, “declarados traidores a la patria y sancionados por diferentes delitos graves e inhabilitados de forma perpetua para ejercer la función pública, así como ejercer cargos de elección popular, quedando suspendidos sus derechos ciudadanos de forma perpetua».

Desde Washington, el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, recibió la noticia con beneplácito y aseguró que la decisión «abre la puerta al diálogo».

«La liberación de estos individuos, uno de los cuales es ciudadano estadounidense, marca un paso constructivo para abordar los abusos contra los derechos humanos en el país y abre la puerta a más diálogo entre Estados Unidos y Nicaragua sobre temas que preocupan», expresó Blinken en un comunicado.

El texto aclara que aunque fue una decisión «unilateral» de Nicaragua, «es positiva y bienvenida» y remarca: «nos mantenemos firmes en alentar pasos adicionales» por parte del Gobierno de Ortega para «restaurar las libertades civiles y la democracia para el pueblo nicaragüense».

Los liberados llegaron al aeropuerto de Dulles, en Virginia, cerca de Washington, en un avión “facilitado” por Estados Unidos, fueron trasladados luego a hoteles y podrán quedarse en territorio estadounidense dos años.

Entre los 222 liberados están los hermanos Cristiana y Pedro Joaquín Chamorro, y el primo de ambos, Juan Sebastián Chamorro, además de los exprecandidatos presidenciales Arturo Cruz y Félix Maradiaga, y el exgerente de El Nuevo Diario Arnulfo Somarriba.

Aparecen también seis sacerdotes, pero no el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez Lagos, la más alta autoridad de la Iglesia encarcelada, quien, según medios de Managua, se negó a subir al avión.

Sí se fueron, en cambio, el dirigente campesino Medardo Mairena, los exlíderes guerrilleros sandinistas Dora María Téllez y Víctor Hugo Tinoco; los empresarios Juan Lorenzo Jerónimo Holmann Chamorro, Michael Healy Lacayo y Álvaro Vargas Duarte; los referentes estudiantiles Max Jerez y Lesther Alemán; y los periodistas Miguel Mora Barberena y Miguel Mendoza.

Aparecen en la lista de los reos ya en Estados Unidos la exprimera dama María Fernanda Flores (esposa del expresidente Arnoldo Alemán), el excanciller Francisco Aguirre, el exembajador Arturo Cruz y el exvicecanciller José Pallais.

Todos fueron parte de los centenares de opositores detenidos en Nicaragua en el contexto de la represión que siguió a las protestas que estallaron en 2018 contra Ortega, en el poder desde 2007 y reelegido sucesivamente en comicios cuestionados.

Varios de ellos fueron acusados y condenados por violar la llamada Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz, de apenas dos artículos.

El operativo de destierro exigió de parte de la AN una reforma del artículo 21 de la Constitución local, aprobada por 89 votos sobre 91, que ahora tiene este agregado: “Los traidores a la patria pierden su calidad de nacional nicaragüense”.

Inmediatamente después, la Asamblea aprobó una Ley Especial que Regula la Pérdida de la Nacionalidad Nicaragüense para regular lo dispuesto en el nuevo artículo 21.

«Estamos orgullosos de recibirlos en Estados Unidos. Es un paso positivo y constructivo del Gobierno Nicaragua, pero no es la panacea a las preocupaciones que tenemos sobre Nicaragua», afirmó más tarde, tras confirmar la llegada de los expresos, el vocero de la diplomacia estadounidense, Ned Price.

Según explicó el funcionario, el Departamento de Estado organizó el recibimiento de los presos «para que se queden en hoteles durante su primer período con la ayuda de ONGs».

Temprano, la noticia había comenzado a circular en redes sociales, y fue celebrada por nicaragüenses exiliados y por ONGs.

«Unos 222 presos políticos vienen a la ciudad de Washington, fueron liberados», dijo en un video en redes sociales Arturo McFields, exembajador de Ortega ante la OEA, destituido tras calificar a su país de «dictadura» y residente ahora en Estados Unidos.

El escritor Sergio Ramírez, quien fue vicepresidente de Ortega en su primer mandato (1985-1990), y ahora está exiliado en España, expresó su satisfacción por la liberación de los presos: «Hoy es un gran día para la lucha por la libertad de Nicaragua al salir de las cárceles tantos prisioneros injustamente condenados o procesados. Van al destierro, pero van a la libertad», tuiteó Ramírez.

La directora de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara, dijo también en Twitter que familiares de presos le habían confirmado la liberación, pero no dio más detalles.

También Francia celebró las liberaciones, entre otras razones porque beneficiaron a dos connacionales Jeannine Horvilleur y Ana Álvarez Horvilleur, esposa e hija de Javier Álvarez, un economista retirado que fue militante sandinista hasta mediados de los 90.

La canciller Catherine Colonna consideró que se trata de un «primer paso» hacia el regreso del Estado de derecho en el país, y agradeció a EEUU por su «compromiso a favor de este desenlace positivo».

Algunas ONGs dedicadas a los derechos humanos advirtieron que el destierro aplicado a los 222 liberados constituye “un crimen de lesa humanidad” contemplado en el llamado Estatuto de Roma, que lo establece como una de las 11 conductas que forman parte de cualquier ataque generalizado o sistemático contra una población civil, pero Nicaragua no es firmante de ese acuerdo mundial.