El presidente Alberto Fernández modificó por decreto la ley de Inteligencia y ningún espía podrá realizar “tareas represivas, poseer facultades compulsivas ni cumplir funciones policiales o de investigación criminal”. Tampoco podrán obtener o producir información de inteligencia sobre personas por acciones privadas, religiosas u opinión política, ni influir en la situación institucional, política, militar, policial, social y económica del país.

Además, el gobierno oficializó por decreto la desclasificación “absoluta” de la “totalidad de la información y documentación” relacionada con el atentado a la AMIA. La medida, llevada adelante por la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Cristina Caamaño, incluye, además, los legajos de investigación y todos los datos brindados desde el Estado en las audiencias de los juicios realizados. La documentación desclasificada abarca información sobre las causas por encubrimiento y los “delitos conexos”.

La gestión del presidente Fernández pone en sus primeros meses de labor, especial énfasis en lo que considera una imprescindible reorganización de toda la estructura de inteligencia del país. En ese contexto, la abogada Graciana Peñafort consideró que “la reforma judicial empezó el día que se intervino la AFI”. Sobre las denuncias del periodista Carlos Pagni, expresó, en diálogo con Edgardo Mocca, que “la Corte sabía que esto pasaba y no ha dicho nada, porque tenía la última palabra”. Además aseguró que con la intervención de Cristina Caamaño en la AFI “realmente desaparecieron de Comodoro Py los servicios de inteligencia”.