El dato surge de los procedimientos realizados por la Policía Ambiental. Equivalen a 18 canchas de fútbol por día. Es algo más que en 2019 pero menos que en la década anterior. Lo bueno: desaparecieron los desmontes grandes y con químicos.
El desmonte ilegal en Córdoba afectó a 4.810,4 mil hectáreas de bosque nativo el año pasado, según datos oficiales de la Policía Ambiental del Ministerio de Coordinación de Córdoba.
Esto es casi un 10 por ciento más que en 2019. Ambos años representan las cifras más bajas desde que en septiembre de 2014 la Provincia comenzó con este monitoreo.
En 2015 fueron un poco más de siete mil hectáreas afectadas por prácticas no autorizadas; en 2016 fueron 6.951; en 2017, 14.427 y 7.413 hectáreas se habían afectado en 2018.
Adrián Rinaudo, director de la Policía Ambiental, explica que si bien el 2020 fue un año inusual por la pandemia, las actividades rurales no se prohibieron. “Nunca dejamos de controlar. El seguimiento satelital se siguió haciendo”, explica.
Y agrega: “Estamos conformes con lo que pudimos hacer a pesar de las limitaciones por la pandemia. Si no hubiésemos controlado, se hubiera desmontado mucho más”.
Las hectáreas intervenidas en 2020 es una superficie muy baja si se comparan con las 340 mil hectáreas afectadas por los incendios el año pasado, aunque en este caso no todo lo que se quemó fue monte nativo.
Según la Secretaría de Ambiente, fueron 39 mil las hectáreas de bosque abierto y cerrado bajo fuego el año pasado.
En provincias del norte argentino el desmonte ocurre a otras escalas. Según un informe de Greenpeace, en Santiago del Estero se desmontaron 32.776 hectáreas en 2020. En Jujuy fueron 30.071; en Salta, 20.962; en Formosa, 17.779; y en Chaco, 13.128 hectáreas. El monitoreo de la ONG no discrimina entre intervenciones legales e ilegales.
Sin embargo, es una tasa muy alta para Córdoba si se considera el escaso monte autóctono que sobrevive en la provincia. Según estudios ambientales, Córdoba solo conserva un tres por ciento de bosque nativo en buen estado de las 12 millones de hectáreas que había a principios del siglo 20.
Estos ecosistemas son sinónimos de biodiversidad y de paisaje, un atributo clave para el turismo. Pero también son vitales para la regulación hídrica y climática de la región.

18 canchas de fútbol por día
Una comparación puede servir para entender la magnitud del daño. Esas 4.810,4 hectáreas intervenidas sin autorización equivalen a una pérdida diaria de 18 canchas de fútbol como las del estadio Mario Kempes.
La Policía Ambiental determinó que hubo 1.768,6 hectáreas afectadas ubicadas en la categoría roja, según la ley provincial de bosques 9.814. Es el 36,7 por ciento del total afectado.
Esta normativa fue sancionada hace más de una década. Protege cuatro millones de hectáreas, en tres categorías, según el estado de conservación del monte. La actualización de ese mapa sigue pendiente desde hace más de cinco años.
El sector rojo es el bosque mejor conservado y donde sólo pueden realizarse intervenciones mínimas, pero con autorización de la Secretaría de Ambiente de la Provincia.
En 880 hectáreas de zona roja se realizó un desmonte total, mientras que en el resto fueron afectadas por rolado para extraer renovales del bosque, desmonte selectivo de arbustos, aperturas de picadas o intervenciones para leña. Todos estos indicadores fueron más altos que los registrados en 2019.

Balance positivo
Rinaudo rescata varios aspectos positivos después de años de monitoreo. “Las intervenciones son de menos de diez hectáreas porque se llega a tiempo antes de que sigan avanzando. Años atrás, los desmontes eran de 300 a 400 hectáreas”, detalla.
Y agrega que la mayoría de las intervenciones son en categoría amarilla por desconocimiento de la normativa o problemas en la tramitación de las autorizaciones. “Queremos salvar el monte que está pintado de rojo porque es el mejor conservado”, explica Rinaudo.
Otros aspectos positivos, según el funcionario, es que desde hace casi dos años que no se registran casos de deforestación química por la decisión de Policía Ambiental de ser severos en el control y multas para estas prácticas. “También desaparecieron las topadoras. Ahora solo se ven tractores con alguna pala delantera o maquinaria para rolado”, comenta.
La Policía Ambiental sólo informa las intervenciones no autorizadas. Pero la Secretaría de Ambiente autoriza intervenciones en predios tanto en categoría amarilla como roja. Hasta 2015 también se informaba esa superficie intervenida de manera legal.

Procedimientos
En 2019, la Policía Ambiental realizó 222 procedimientos para constatar infracciones observadas en información satelital o durante inspecciones aéreas. El año pasado fueron 157.
Según Rinaudo, el 60 por ciento de los procedimientos se deben a intentos de rolado o desmonte selectivo (por lo general al norte de Jesús María), un 20 por ciento son desmontes para extraer leña (en el sector noroeste de la provincia) y otro 20 por ciento son desmontes para loteos cerca de los centros urbanos.
Durante 2020 se secuestraron 125 toneladas de productos forestales, principalmente, leña. Se decomisaron palas frontales, tractores con frente topador, rolos, camiones y diversas herramientas manuales para extracción de leña.
“Ya tenemos pocos desmontadores seriales a los que no les importa nada y hay que quitarles las máquinas para que dejen de hacerlo”, asegura Rinaudo.

Ambientalistas denuncian que nadie detiene el “desmonte hormiga” para loteos

Aseguran que la Provincia no interviene y llega tarde y que los municipios no están preparados para enfrentar esta práctica.
El escenario del desmonte en Córdoba parece haber cambiado en los últimos años. Ya no se detectan tanto desmontes ilegales de decenas de hectáreas con fines ganaderos. Los ambientalistas denuncian que ahora avanza una deforestación “hormiga” y silenciosa para loteos de viviendas.
El motor de esto es la tendencia de mucha gente que busca escaparse de las grandes ciudades para “vivir en el campo”. Frente a ello, los municipios autorizan loteos en la zona de las sierras, a veces con desconocimiento de que están en categoría roja, donde están prohibidas según la ley de bosques.
“Cada vez hay más gente que se viene a vivir a las sierras y estamos viendo muchos loteos y apertura de calles. Realizamos las denuncias, pero no hay respuesta. La sensación es que las autoridades no tienen recursos y que no es prioridad detener este tipo de desmonte”, dice Sara Mas, integrante de la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo (Codebona).
Y agrega: “Hay un desmonte silencioso. Van quitando de a poco algunos árboles, pero a lo largo de un año desmontan varias hectáreas. Es un práctica que vemos en toda la zona de las sierras”.
La ambientalista entiende que Policía Ambiental tiene grandes falencias en la forma de aplicar y de llegar al lugar donde se producen estos desmontes porque le faltan recursos.
Y apunta que algunos de los incendios ocurridos el año pasado se asocian a loteos. “El objetivo es lograr un cambio en el uso del suelo con el fuego, para luego poder lotear”.
“La Provincia no tiene como prioridad el problema ambiental. Faltan leyes y un mejor control de las que ya hay. Por ejemplo, Debe mejorarse y actualizarse el mapa de la ley de bosque nativo”, dice Mas.
En tanto, Fernando Barri, biólogo y docente de la cátedra Problemática Ambiental en la Universidad Nacional de Córdoba, coincide: “Ya no se dan tantos desmontes grandes, porque son más fáciles de detectar a través de imágenes satelitales. Pero hay una pequeña sangría de bosque nativo en las zonas serranas que no se está frenando”.
Y agrega que nadie se hace responsable de este problema. “Hay una indefinición, entonces los privados avanzan con autorización o sin ella”, señala. Y explica que Ambiente de la Provincia dice que es responsabilidad de los municipios. “Es muy difícil que la Policía Ambiental pueda controlar dentro y fuera de los ejidos municipales”, asegura Barri.
“Hay una desvinculación entre lo que hacen los municipios y la Provincia”, asegura Mas.
En tanto, Barri reconoce que para muchos municipios pequeños es un tema nuevo y a veces no saben cómo actuar porque desconocen qué parte de su ejido está en zona roja, y piensan que debe intervenir Policía Ambiental o Ambiente de la Provincia.
“Hay que pensar que ese pequeño desmonte sumado en el tiempo te hace perder cientos de hectáreas en zona roja. Son sectores que ya no se pueden recuperar porque han sido urbanizadas, a diferencia del desmonte para cultivo que eventualmente puede restaurarse”, explica.
Adrián Rinaudo, director de la Policía Ambiental de la Provincia, detalla que el sistema de imágenes satelitales que utilizan para monitorear el desmonte no permite detectar intervenciones menores a una hectárea.
“Pero sabemos que el desmonte para loteos ocurre cerca de las localidades, entonces miramos atentamente esos sectores. También se reciben muchas denuncias porque ocurren en sectores poblados y la gente está atenta. Lo que hacemos es chequearlo con imágenes satelitales lo más rápido posible”, explica el funcionario.

Fecha de Publicación: 20/07/2021
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba