La millonaria deuda que afronta la Municipalidad de Chascomús por la tristemente famosa rifa de las cooperadoras de las escuelas rurales, que fuera autorizada en los años noventa por el entonces intendente Juan Carlos Salas (de la UCR), sigue siendo un tema sin resolverse, y motiva enorme preocupación en las actuales autoridades.

Así se desprende de lo informado por la Municipalidad de Chascomús en un parte de prensa, en el que dio detalles de una reciente audiencia que tuvo lugar en el juzgado platense donde e tramita la millonaria demanda.

Cabe recordar que dos vecinas (ahora una de ellas fallecida) de Lezama ganaron aquella rifa que otorgaba una fracción de  campo como premio, pero nunca pudieron hacerse del premio y escriturarlo como hubiera correspondido. A partir de allí, se inició una demanda legal por montos millonarios, que involucran al estado provincial y municipal, por las responsabilidades que les corresponde en la habilitación de dicha rifa; es oportuno recordar que era al momento de la autorización de la misma, intendente Juan Carlos Salas, siendo su entonces secretario de Gobierno Carlos Bartoletti, y presidente del Consejo Escolar Orlando De Castro.

El último viernes, en el Juzgado Civil y Comercial Nro. 27 de La Plata, se llevó adelante una reunión con la presencia de representantes de las partes; en esta audiencia se resolvió suspender los plazos procesales hasta el 5 de marzo para darle un tiempo prudencial para poder establecer una negociación en búsqueda de la solución.

Si el municipio terminara siendo responsable y tuviese que pagar la más que millonaria cifra que se desprenderá de este juicio (la misma se engrandece a medida que pasa el tiempo) sería literalmente la quiebra para las arcas de la comuna. Dicho de otro modo, todos (incluso los acreedores) entienden que es para Chascomús imposible abonar dicha deuda, como no sea con el remate y la pérdida de sus bienes (por caso, debe recordarse que en su momento fue embargado entre otros, el predio municipal del ex Monte Corti, hoy concesionado y donde funciona un parque acuático).

El municipio reclama que sea el estado provincial el que se haga cargo de esta situación; Cipriano Pérez del Cerro, abogado y secretario de Gobierno de la comuna, expresó que “los chascomunenses estamos muy preocupados y merecemos salir de esta situación lo antes posible, tanto como las acreedoras  que son merecedoras de una respuesta. Por eso pedimos que la provincia se haga cargo de la responsabilidad que tiene en el proceso judicial. Todas las partes estamos trabajando juntos en busca de una solución y esperamos poder llegar a un acuerdo para que esta situación pueda terminar de la mejor manera”.

Recientemente, el intendente Javier Gastón se reunió por este tema con el ministro de Justicia y Derechos Humanos Julio Alak y la ministra de Gobierno provincial Teresa García, quienes se pusieron a  disposición y entendieron las responsabilidades de la provincia en este conflicto.

“Es imposible que un municipio controle a la provincia por acciones que llevó adelante el Consejo escolar y las escuelas públicas”, señaló Pérez del Cerro.