En el marco de un amparo colectivo promovido por representantes del Consejo Interuniversitario Nacional y distintas universidades nacionales, se originó la causa que discute la inconstitucionalidad del decreto 759/2025 y la ejecución de la ley 27.795 sobre financiamiento universitario. Los jueces inferiores dictaron una medida cautelar ordenando el cumplimiento de parte de esa ley, lo que llevó al Estado Nacional a recusar a los jueces Enrique Cormick y Sergio Fernández por su actividad docente en universidades públicas. La Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó estos planteos, argumentando que no se demostró un interés personal que afectara la imparcialidad de los magistrados.

La Corte Suprema, al desestimar las recusaciones, afirmó que la actividad académica, incluso remunerada, no prueba por sí sola un interés personal en el resultado del litigio sobre presupuesto y salarios docentes. Además, el tribunal consideró restrictivo apartar a los jueces naturales de la causa y rechazó el pedido del Estado Nacional para que los jueces de la Corte se excusaran. La decisión final fue firmada por Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, confirmando la intervención de los magistrados en la causa del financiamiento universitario.

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