La denuncia se centra en Edison Inversiones S.A.U., empresa a cargo de las centrales de Alicurá y Cerros Colorados, y destaca la relación de esta firma con el asesor presidencial Santiago Caputo. Además, se menciona la participación de otras empresas como BML Inversora S.A.U. y Central Puerto S.A. en la adjudicación de represas estratégicas en la Patagonia. La Fundación Soberanía argumenta que este patrón de beneficiarios sugiere un círculo rojo predeterminado que evade los mecanismos de transparencia administrativa.

La denuncia también señala cuatro etapas críticas de irregularidades administrativas en el proceso de privatización de las represas. Estas etapas incluyen la elusión del Tribunal de Tasaciones de la Nación, el desplazamiento hacia el BICE para la tasación, la metodología de subvaluación de activos y la urgencia recaudatoria que habría llevado a concursos «sin base». Ante esta situación, la Fundación Soberanía ha solicitado a la justicia federal que cite a declarar a los hermanos Neuss y otros empresarios involucrados, con el objetivo de frenar la operación y declararla nula en caso de confirmarse las irregularidades administrativas.

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