El juez que investiga las operaciones de espionaje ilegal en contra de Cristina Kirchner y el Instituto Patria descartó hoy el pedido de la exsubdirectora de la AFI de quedar sobreseída y resaltó “la copiosa prueba existente”.

El juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Auge, advirtió hoy sobre la “copiosa prueba” existente en la causa por presunto espionaje ilegal al Instituto Patria y a la vicepresidenta Cristina Kirchner en el 2018, al rechazar un planteo de la exsubdirectora de la AFI en el macrismo, Silvia Majdalani, quien buscaba cerrar la causa en su contra por entender que ya fue sobreseída por los mismos delitos.

“No puedo dejar de lado la copiosa prueba existente en esta causa”, sostuvo Auge en relación a “los hechos de espionaje, realizados sobre la persona de la doctora Cristina Fernández de Kirchner, tanto en su domicilio particular, como en el Instituto Patria, al cual concurría la misma”, sostuvo Auge en la resolución en la que rechazó los planteos de Majdalani.

Con esos argumentos, el magistrado decidió que siga abierta la investigación en contra de la exfuncionaria, en la que ya fue indagada, según el fallo al que accedió Télam

En la causa que investiga a Majdalani en Lomas de Zamora “surge un abundante caudal probatorio, en torno a los hechos pesquisados, enderezados a lograr la verdad real de los acontecimientos”, agregó Auge al desestimar estar ante los mismos delitos por los cuales fue sobreseída en la justicia federal porteña en el 2018.

“Los hechos pretendidamente investigados en la causa 13066/18 (que se llevó en Comodoro Py a cargo del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi) no se compadecen en nada con los aquí investigados, coincidiendo solo por un pequeño tramo de la acción que abarcó el descubrimiento de los vehículos que pertenecían a la Agencia Federal de Inteligencia y que fueron retirados a partir de ese hecho”, indicó.

Auge se refirió así a las maniobras de supuesto espionaje ilegal al Instituto Patria y a la vicepresidenta Kirchner denunciadas en el fuero federal porteño en 2018, luego de detectarse vehículos con agentes de la AFI en ambos lugares y por la que Majdalani resultó sobreseída.

Auge rechazó un “pedido de excepción por falta de acción” por cosa juzgada a raíz de este caso.

Majdalani ya fue indagada por Auge en esta causa al igual que el exdirector de la AFI Gustavo Arribas y se está a la espera de la resolución de sus situaciones procesales.

“La multiplicidad de acciones que se suman en esta investigación, van desde el espionaje ilegal, la falsedad ideológica de instrumentos públicos y la violación a los deberes de funcionarios públicos, al menos en principio y, tal como lo sostuve en el auto de procesamiento dictado el 7 del corriente mes y año, respecto del consorte de causa de Silvia Majdalani, el otrora agente de la Agencia Federal de Inteligencia Alan Flavio Ruiz, los hechos calificados concurrieron en forma real”, explicó Auge.

Ante ello, aclaró que “existe una pluralidad de hechos que no están abarcados por un solo tipo penal y con acciones perfectamente diferenciadas, que no formaron parte de la denuncia que diera origen” a la causa por la que Majdalani fue sobreseída en Comodoro Py.

Al dictaminar por el rechazo al planteo de Majdalani, la fiscal del caso Cecilia Incardona consideró que los delitos que se investigan “de ser comprobados constituirían un importante retroceso en materia de recomposición de derechos constitucionales” desde la vuelta a la democracia.

“Las prácticas ilegales investigadas, de ser comprobadas, constituyen un importante retroceso en materia de recomposición de derechos constitucionales y de institucionalidad republicana que toda la sociedad viene persiguiendo desde la vuelta a la vida democrática en nuestro país”, sostuvo la fiscal.

Además, entendió que “es de considerar que la señora Majdalani, en tanto funcionaria pública, se encuentra aquí imputada de la comisión de graves hechos que merecen, y deben ser investigados en profundidad, para luego ser juzgados, conforme a las reglas del debido proceso legal”.

“En el caso se advierte que el comportamiento de la imputada, junto con el resto de los acusados, pervirtió los fines de la institución que comandaba, y la volvió en contra de la sociedad que debía proteger, lo cual en sí constituye un quebrantamiento a la razón del ser del propio Estado, que es ni más ni menos que el bien común”, concluyó la fiscal. Fuente: Télam