La propia Caamaño había anticipado días atrás que seguiría seis meses más como interventora.

En los considerandos del decreto, se indica que la AFI, en los últimos años, «profundizó los aspectos secretos más allá de toda necesidad funcional y por fuera de los objetivos legítimos que toda actividad de inteligencia debe poseer en el marco del Estado constitucional de Derecho”.

En tanto, señala que la intervención no implicó “dejar de lado la adopción de medidas urgentes y adecuaciones orgánicas, de personal y presupuestarias para llevar adelante el cumplimiento de la misión institucional dispuesto por la ley para el organismo”.

Asimismo se indica que, desde la designación de Caamaño como interventora, “se han comenzado a disponer modificaciones esenciales para consolidar un paradigma que, en materia de inteligencia, permite rendir cuentas ante la sociedad y expone los principios de publicidad, transparencia y eficiencia como bases de la reformulación que se requiere”.

Dichos cambios posibilitaron disponer “una modificación esencial sobre una de las áreas que mayores distorsiones había evidenciado, relativa a la indebida interacción con el sistema de administración de justicia, lo que se consolidó con el dictado del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 214 del 4 de marzo de 2020, que prohíbe a los organismos de inteligencia participar como auxiliares de la justicia en las investigaciones criminales”.

En las últimas semanas, Caamaño denunció ante la Justicia el presunto espionaje ilegal llevado a cabo durante la gestión de Mauricio Macri y presentó ante la Justicia correos electrónicos que fueron intervenidos ilegalmente, y fichas de periodistas y organizaciones que se inscribieron para el G-20 que se realizó en Argentina.

Por último, entre los considerandos del decreto se indica también que «la intervención oportunamente dispuesta se adopta en forma conjunta con la propuesta de designación de la actual interventora para ocupar el cargo de Directora General de la AFI con rango y jerarquía de Ministra», y se aclara que esa designación será enviada «en los próximos días al Senado de la Nación para obtener el acuerdo respectivo».

«Cuando la designación se haga efectiva, cesará de pleno derecho la intervención prorrogada por la presente medida», concluye la norma.