En Energía hablan de una «reestructuración tarifaria». Ocurre que el objetivo del titular de la cartera, Darío Martínez, es comunicar una suba segmentada, donde el Estado aporte más o menos subsidios según la realidad económica de los hogares.

Esto es, habrá una parte importante de la población que no deberá pagar el aumento de luz y gas, ya que esa suba la absorbería el Estado con subsidios y también las empresas. Según supo minutouno.com, el Gobierno pretende que el 40% de la población argentina que vive en situación de pobreza – último dato del Indec- no tenga que hacerse cargo al menos durante 2021 de los ajustes en las boletas, en medio de la recesión en la que está sumida la Argentina desde hace 3 años y agravada por la pandemia de coronavirus, que incrementó el desempleo y la pérdida de ingresos.

«Vamos hacia un esquema donde trataremos de hacer más eficiente el subsidio. Y la pandemia nos ha dejado herramientas para identificar de una manera más precisa la situación económica de cada uno. Ir a encontrar a esa persona que la está pasando muy mal y ahí ir a asistir con el subsidio. Porque de nada nos serviría intentar cobrar una tarifa a alguien que no la puede pagar. Por eso el IFE, las herramientas de Desarrollo Social, de ANSES y toda la información que tiene el Gobierno nos va a permitir hacer mucho más eficiente el subsidio», sostuvo semanas atrás Martínez en diálogo con ámbito.com.

Así, luego de 3 años de feroces tarifazos (la luz subió 3000% y el gas casi 2.000% de acuerdo a un relevamiento de este portal), desde abril de 2019 los servicios se encuentran congelados. Primero por decisión del ex presidente Mauricio Macri en un año electoral, y luego por la Ley de Solidaridad, sancionada en diciembre pasado en el marco de la grave situación económica que atraviesa el país.

Esa norma vence el mes próximo y ya el secretario de Energía avisó que habrá aumentos para corregir las tarifas. La idea entonces es apartar de esas subas al 40% de los argentinos que no pueden hoy pagar ninguna factura de luz y gas, mientras que el 45% que forma parte de la «clase media», según cálculos del Gobierno, tendría que afrontar un aumento similar al de la inflación general de precios, calculada para 2021 en el Presupuesto de un 29%, pero que para las consultoras será del 48%.

En tanto, el 15% restante de la población de altos ingresos afrontaría una actualización cercana al 50% o 70% que reclaman las energéticas por el retraso tarifario. De esta forma, se busca minimizar el impacto de las eventuales subas en los sectores de menores recursos.

«Es necesario adecuar las tarifas de los sectores públicos porque si no hay inversión, se generan cortes energéticos por una menor energía disponible», resaltan desde el gabinete económico de la administración de Alberto Fernández.

Para las distribuidoras energéticas, la luz y el gas deberían ajustarse entorno al 70% y 80% tras dos años sin retoques de los cuadros tarifarios. En las audiencias públicas, será materia de discusión el aumento final que se aplique.

La intención de la cartera que conduce Martínez es tener resuelto para el primer bimestre de 2021 la reestructuración tarifaria. Para poder llegar a los hogares que serían excluidos del aumento, se utilizarán distintas herramientas tecnológicas para cruzar datos, como por ejemplo los beneficiarios del Ingreso familiar de Emergencia (IFE) que paga Anses, bases de Desarrollo Social y de otras carteras.

Por el lado de las distribuidoras energéticas, aseguraron a este portal que aún no han mantenido diálogo con el secretario de Energía ni tampoco recibieron cómo es el nuevo esquema que pretende instrumentar, sino que sólo escucharon las declaraciones públicas del funcionario, pero estimaron viable una segmentación de los clientes porque, afirman, cuentan con los datos de los usuarios para hacer la diferenciación de los aumentos.

De todas formas, este lunes, el Gobierno nacional encomendó a la Secretaría de Energía que reglamente la apertura a la discusión de las tarifas de gas natural, congeladas desde abril del año pasado, y estableció la continuidad de los subsidios estatales al consumo residencial. Por año, debe haber dos audiencias públicas para consensuar los precios de la luz y el gas.

El decreto 892/2020 que puso en marcha el Plan Gas:Ar fijó que «el Estado podrá tomar a su cargo el pago mensual de una porción del precio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), a efectos de administrar el impacto del costo del gas natural a ser trasladado a los usuarios y las usuarias» por parte de las empresas distribuidoras.

A partir de esto, el Gobierno instruyó a Energía «a dictar una reglamentación relativa a la discusión y debate de las tarifas de gas natural, así como de su debida ponderación, la que podrá incluir, de corresponder, mecanismos de participación ciudadana».