En medio de una creciente tensión social en Chile, millones de ciudadanos podrán acudir este domingo a las urnas para elegir si quieren mantener la actual constitución, heredada de la dictadura cívico militar de Augusto Pinochet (1973-1990), o redactar una nueva, para incluir mayores reivindicaciones políticas, sociales y cambiar el actual modelo económico.

El país vive desde hace más de un año una grave crisis social, que comenzó en octubre de 2019 con marchas multitudinarias y enfrentamientos entre manifestantes y Carabineros (Policía) y fuerzas militares, que dejaron miles de heridos, una treintena de muertos y pusieron en jaque al Gobierno de Sebastián Piñera.

En las protestas se multiplicaron los reclamos -cambios al sistema de pensiones, mayores posibilidades de acceso a la educación superior, mejoramiento de los salarios y reformas a la institución de Carabineros, entre otros- pero la principal exigencia terminó siendo que estas reformas se plasmen en una nueva Carta Magna.

Durante el estallido social, que empezó con un acto de desobediencia civil de jóvenes estudiantes, 3.023 chilenos sufrieron todo tipo de violaciones a sus derechos fundamentales, según un balance del Instituto Nacional de Derechos Humanos.

Esta ola de masivas protestas hizo tambalear al segundo mandato de Piñera, quien a mediados de noviembre se vio forzado a llegar a un acuerdo con la oposición para convocar a un plebiscito que defina si la ciudadanía quiere una nueva Constitución.

El plebiscito, que inicialmente sería en abril pero se pospuso para el próximo domingo por la pandemia, propone dos preguntas.

Primero: «¿Quiere usted una nueva Constitución?» y las respuestas posibles serán «Apruebo» o «Rechazo».

La segunda será «¿Qué tipo de órgano debe redactar la Nueva Constitución?» y las respuesta son nuevamente dos: la «Convención Constitucional» (órgano elegido por completo solo para esta ocasión) o «Convención Mixta Constitucional» (órgano integrado en partes iguales entre parlamentarios en ejercicio y constituyentes electos para esta ocasión).

En medio de un clima de creciente tensión, todos los partidos políticos promueven la participación en el plebiscito y hasta presentan propuestas de reformas y cambios para incluir en la nueva Constitución, de ganar la opción del «Apruebo».

Una de las propuestas presentadas por partidos de izquierda se llama «Acuerdo Soberano» y introduce siete puntos, entre ellos, tener un «compromiso por la verdad y justicia en los casos de violaciones a los derechos humanos», establecer un alza del salario mínimo, eliminar el actual sistema de pensiones y establecer el voto obligatorio desde los 16 años.

Dentro del sector oficialista, el propio presidente Piñera, a pesar de no apoyar ninguna de las opciones públicamente, presentó en septiembre una carta pública con diez puntos que, a su juicio, debe tener una nueva Constitución.

En sus propuestas, Piñera destacó la necesidad de tener un Estado que sea «más solidario» y que esté al servicio de las personas, que respete a los derechos humanos, la igualdad ante la ley y una educación «obligatoria y financiada por un sistema gratuito, hasta la educación media».

El expresidente Ricardo Lagos (2000-2006) también dio su opinión recientemente, apoyó cambiar la constitución pinochetista y hasta adelantó que debería incluir.

«En primer lugar, el restablecimiento de lo público,en el sentido de que el ciudadano es el que manda, y los ciudadanos somos todos iguales en dignidad», explicó.

El exmandatario ya fue protagonista de un cambio constitucional durante su mandato, cuando en 2005 logró hacerle 58 reformas a la actual Carta Magna. Esa vez se destacó la reducción del periodo presidencial de seis a cuatro años, la eliminación de los senadores vitalicios y el aumento de facultades fiscalizadores a la Cámara de Diputados.

Aunque sectores pinochetistas hablan de que, luego de esta reforma, la Constitución es «la de Lagos», el propio exmandatario respondió en una entrevista con CNN Chile que esa reforma sirvió solo para sacar «los enclaves autoritarios, aquellos enclaves abiertamente propios de una dictadura».

El voto será voluntario en este plebiscito, como lo es en el resto de las elecciones, en las que suele participar solamente alrededor del 50% del padrón electoral. Solo las personas contagiadas de coronavirus tendrán prohibido sufragar.

En total, hay unas 14,5 millones de personas habilitadas para votar dentro del país y otras 60.000 fuera del del territorio. Todos deberán llevar consigo su carnet de identidad y una lapicera de color azul para marcar el voto.(Télam)