La Cámara de Diputados aprobó el Acuerdo de Escazú y, de esta forma, el tratado firmado por 23 de los 33 países de América Latina y el Caribe quedó a un paso de materializarse. Sin embargo, aún no entró en vigencia ya que necesita de la ratificación de un país más. Se trata de un acuerdo regional que busca proteger: los derechos de acceso a la información, la participación pública y el acceso a la Justicia en asuntos ambientales.
Los expertos señalan que el acuerdo no tiene precedente. «Tiene características propias porque normalmente los acuerdos ambientales internacionales tratan temas específicos y este trata de derechos que son herramientas para la sociedad civil», asegura Andrés Napoli, director ejecutivo de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). A su vez, Eyal Weintraub, cofundador de Jóvenes por el Clima, explica: «Si bien fue promovido por la CEPAL en su armado tuvo muchísima participación ciudadana, eso es único».
«El Acuerdo de Escazú es como una caja de herramientas y habilita a que ejerzamos nuestros derechos con más fuerza», explica Nicole Becker, también cofundadora de Jóvenes por el Clima quien además se refirió al tratado como «una deuda de la sociedad con la juventud y con los que más sufren los impactos de la crisis climática».
A diferencia de su tratamiento en el Senado el pasado 13 de agosto, cuando el proyecto se aprobó por unanimidad, en la Cámara Baja recibió 240 votos a favor, 4 negativos y 2 abstenciones. Los diputados que votaron en contra fueron Gustavo Hein (Juntos por el Cambio), María Carla Piccolomini (Juntos por el Cambio), Francisco Sánchez (Juntos por el Cambio) y Pablo Torello (Juntos por el Cambio) y los que se abstuvieron fueron Romina Del Plá (Frente de Izquierda) y Alfredo Schiavoni (Juntos por el Cambio).
«Es el primer acuerdo ambiental al que van a suscribir los países de América Latina y el Caribe. Surge de lo que fue la cumbre de Río +20 y además se orienta en tres pilares básicos de la construcción de democracia ambiental», asegura Napoli, que además, junto con otros ambientalistas, estuvieron presentes en la histórica sesión de en la Cámara de Diputados.
El tratado no impone disposiciones específicas, pero funcionará como una figura a la que la ciudadanía podrá apelar. «Argentina tiene normativa ambiental pero tiene mucha falta de cumplimiento de esa normativa. Entonces ahí tenemos problemas fundamentalmente en el proceso de participación de la toma de decisiones donde la gente no es escuchada, se llama a opinar a la gente pero no se respeta las condiciones de lo que establece la población y no se los incluye en los procesos», dice Napoli.
Señala, además, que el acceso a la Justicia también es dificultoso: «Si bien existen casos importantes, en otros la Justicia hace caso omiso, no da respuesta o no puede llevar adelante lo que ellos mismos establecen. El Acuerdo tiene mucho para trabajar en lo que es la implementación en el país».
«Es un avance en la protección de quienes luchan por el medio ambiente en nuestra región», dice Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina. Esta no es una cuestión menor: Escazú es el primer tratado a nivel mundial en contener disposiciones específicas sobre la protección de los activistas y defensores ambientales. Según el Global Witness América Latina es la región del mundo con mayor índice de peligrosidad para estos grupos: 212 defensores ambientales fueron asesinados en 2019. Además, en promedio, desde 2015 cuatro ambientalistas fueron asesinados por semana.

¿Qué pasa ahora?
Hasta el momento, solo diez de los 23 países que firmaron el Acuerdo de Escazú lo ratificaron. Se trata de Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Uruguay y Argentina. Sin embargo, para entrar en vigencia falta que un país más lo haga.
«Nuestro país tuvo un rol fundamental en el proceso de negociación previo a la adopción del tratado. Ahora, para que entre en vigor, se necesita alcanzar el aval de al menos un país más, por eso la Argentina debe mantener el compromiso de promover a aquellos que aún no han ratificado», explica Belski.
El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe fue adoptado el 4 de marzo de 2018 en Escazú, Costa Rica, por eso, es popularmente conocido con ese nombre. Mañana, 26 de septiembre de 2020 cierra el período para que el Acuerdo sea firmado por otros países. Después, esto continuará siendo posible, pero mediante un mecanismo distinto mediante el cual los países firman y ratifican el Acuerdo en un solo paso en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York.