La cámara que agrupa a las empresas de recaudación extrabancaria (como Rapipago, Pagofácil y otros) está armando contrarreloj un plan que incluye protocolos de salubridad y de organización del público para permitir que vuelvan a atender al público sus 20.000 locales en todo el país. La decisión aún no está tomada, ya que para poder concretarse dependerá de la aprobación del Gobierno, en particular de las autoridades sanitarias.

Así lo confirmó Gustavo Gómez, presidente de la Cámara Argentina de Empresas de Cobranza Extrabancaria de Impuestos y Servicios (CAECEIS). “Nos pidieron desde el Banco Central que presentemos protocolos de salubridad y organización de filas, en el marco de las condiciones sanitarias que exige la pandemia. Si el Central y otros organismos de Gobierno lo aprueban, podríamos abrir nuestros locales esta misma semana”, señaló Gómez a Infobae.

El directivo de CAECEIS enfatizó que la decisión no depende únicamente del Banco Central, organismo supervisor de la actividad, sino también del ministerio de Salud. Al mismo tiempo, consideró que “la única dificultad que podemos llegar a tener es que algunos locales tengan menos personal, por dificultades para viajar o porque hay empleados que integran los grupos de riesgo. Pero estamos seguros que, si nos dan la autorización, más del 80% de nuestros locales podrían funcionar con normalidad».

En la actualidad, están operando solo un 20% de las bocas de las empresas de recaudación. Son aquellas ubicadas en autoservicios, farmacias, kioscos y otros comercios pequeños. En las grandes cadenas de supermercados, las empresas de recaudación suelen tener stands, con personal propio, cuyo funcionamiento no está permitido desde que se inició la cuarentena.

Gómez agregó que las empresas de CAECEIS esperan “que haya un proceso de concientización para que todos podamos cumplir las recomendaciones sanitarias” en sus locales.

En ese funcionamiento limitado, Gómez aclaró que hay locales que aceptan únicamente tarjeta de débito y otros que también cobran con efectivo. No obstante, señaló que se viene evidenciando un cambio de hábitos desde que se inició la etapa del aislamiento obligatorio.

“Estamos recibiendo pagos en efectivo y con tarjeta de débito o de crédito en partes iguales. Habitualmente, los pagos con tarjeta no llegan ni a la cuarta parte del total”, señaló Gómez.

La salud y la economía

La repetida frase del presidente Alberto Fernández –«entre la economía y la salud, yo elegí la salud»– se vuelve en este caso un problema tangible y de difícil resolución. Abrir más lugares de pago para la atención al público puede parecer contraindicado en medio de las restricciones sanitarias, máxime después del problema social y político que se generó con las enormes filas en los bancos durante el pasado 3 de abril para el cobro de jubilaciones y beneficios sociales.

Al mismo tiempo, una enorme cantidad de usuarios suelen pagar sus facturas de servicios públicos en efectivo a través de empresas como Rapipago, Pagofácil, Provincia Net y similares. Su cierre implicó una fuerte caída en la recaudación para las empresas. Y las distribuidoras de electricidad, gas y otros servicios ya alertaron que esa baja de ingresos pone en peligro la provisión del suministro en algunas zonas, algo que también tendría un impacto sanitario grave.

Las recaudadoras nunca dejaron de presionar para que su actividad se normalice, hasta ahora con escaso éxito. Ya habían pedido -a fines de marzo, antes del caos del 3 de abril- que los autorizaran a pagar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) en sus locales, solicitud que no fue aceptada por la Anses y el Banco Central.

Según un informe de la Asociación de Distribuidores de Gas (Adigas), pese a existir múltiples formas de pago electrónico para las facturas de servicios públicos, “mucho más de la mitad de los usuarios paga sus facturas de manera presencial y la inmensa mayoría de ellos” lo hace en empresas recaudadoras.

Las nueve distribuidoras de gas incluidas en el informe de Adigas registraron una caída de la recaudación del 67,3% en la última semana de marzo y del 51,6% en la primera de abril.

En el sector de la electricidad, la situación es similar, según explicó un operador a Infobae pocos días atrás: “Los pagos se van reduciendo. La situación de las distribuidoras es delicada porque están empezando a cobrar menos de sus clientes, entonces le pagan menos a Cammesa y ésta le paga menos a las generadoras. Todavía no está rota la cadena pero es una situación muy compleja. Este escenario puede afectar al normal abastecimiento».

Los servicios públicos esenciales incluidos en el decreto 311 (electricidad, gas, agua corriente, telefonía fija y móvil, acceso a Internet y TV por cable) sufrieron una caída en la recaudación dado que esa norma prohibió los cortes de servicio por falta de pago hasta el 30 de junio. Pero las empresas han salido a aclarar que ese beneficios es para casos limitados, tanto en usuarios residenciales como comerciales.