Hemos visto, aún antes de ahora, reclamos con apariencia de razonabilidad pero
realizados por fuerzas armadas por el Estado.
En esta oportunidad, utilizando uniformes, armamentos, vehículos policiales, con
apoyo logístico y directo,- se dice- de personal retirado, familiares y terceros y hasta de
fuerzas del servicio penitenciario bonaerense (inexplicablemente en cabeza de un
funcionario que desfiló por varios puestos en la anterior administración provincial). Se
realizaron medidas de fuerza inusitada tenientes a lograr mejoras salariales
El Gobierno Nacional ha adoptado algunas medidas y el Provincial ha anunciado
otras recibiendo críticas de propios y extraños.
Quisiera ahora repasar algunos antecedentes que nos permitan intentar reflexionar
sobre los hechos sucedidos y a la luz de lo ocurrido en un pasado reciente y otro no tanto
aclarar los términos para poder alentar algunas reflexiones.
RECLAMOS POLICIALES. CONSECUENCIAS.
No habré de referirme ahora a los sucesos recientes pues cada uno tendrá su propia
visión.
Pero si me permito recordar lo ocurrido en la pasado.
En el año 1974 un movimiento policial encabezado por su máxima autoridad el
Coronel Antonio Navarro con argumentaciones sectoriales deleznables provocó el
derrocamiento del Gobierno Constitucional de entonces Gobernador Ricardo Obregón
Cano.
En 1987, en base a argumentaciones sectoriales (en realidad se pretendía impedir
la declaración de un imputado de delitos de lesa humanidad) un movimiento armado
(encabezado por Rico, Venturino etc. luego conocido como “los Cara Pintadas”) procedió
a tomar unidades de la fuerza utilizando armamentos, uniformes y vehículos militares en
base a movimientos que todos recordarán como los de Semana Santa, y Monte Caseros.
Respecto a los de Semana Santa (de los que solo recuerdan el Domingo en Plaza
Mayo) es lo cierto que, desde el mismo jueves Santo salimos sin distinción de banderías
a defender al Gobierno Constitucional del entonces del Presidente Raúl Alfonsín,
primero a Plaza Congreso y Viernes y Sábado a Regimiento Patricios, entre otros.
La mayoría de los partidos en forma concreta se manifestaron a favor de la
República, de las Instituciones, en definitiva del Pueblo, aún manteniendo las diferencias
con el Ejecutivo de entonces. No era momento de ambigüedades ni eufemismos. Las
imágenes del Balcón de la Casa Rosada del Domingo Santo, y las plazas de la república
así lo demuestran.
Se dijo entonces, que no había habido “pacto” pero sin duda el mismo se cumplió
con el General Dante Rosa Caridi.
QUE PROPICIÓ EL GOBIERNO DEL PRESIDENTE ALFONSÍN
Digamos, una narración veraz de los hechos así lo imponen, a poco de asumir la
Presidencia, el Poder Ejecutivo dio las instrucciones para el juzgamiento de las Juntas
Militares, con una modalidad que es cierto generó muchas críticas, pero con una valentía
y entereza sin par. Alfonsín pago un precio muy alto por tal noble y patriótica actitud.
La Ley de Punto Final primero (que en definitiva dio pié al alzamiento
carapintada) y la de Obediencia Debida después, fueron claras muestras de dicho acerto
Muchos criticaron ambas leyes
Digamos, por ejemplo, que la Federación Argentina de Colegios de Abogados,
señaló que “más allá de las difíciles circunstancias que parecieran haberla motivado (se
refiere a la ley 23521 de Obediencia Debida) el fundamento ético jurídico de esa decisión
política resultaba severamente disvalioso dadas las características y naturaleza de los
hechos que se desincriminaban …” se decía que dicha norma entraba en contradicción
con la Convención contra la tortura… (Junta de Gobierno FACA, setiembre de 1987).
Sostuvo el entonces Presidente, casi hasta su muerte, que dichas medidas fueron
dictadas en defensa de la democracia y de nuestras Instituciones Republicanas.
Que dadas las circunstancias de entonces no quedaba otro camino.
Lo cierto es que a partir de 2003, declaradas jurisdiccionalmente y derogadas por
el Congreso Nacional ambas leyes, el propio ex Presidente Alfonsín alentó a sus entonces
partidarios a que acompañasen en el Congreso la derogación de ambas leyes para facilitar
el juzgamiento de la totalidad de los represores y genocidas como a la postre se hizo,
incluyendo (debemos resaltarlo) por decisión del Gobierno constitucional de Néstor
Kirchner de lograr la extradición y posterior juzgamientos de los responsables de la
Masacre de Trelew de agosto de 1972.
En rigor de verdad, aquella decisión de 1987 fue la base para el sostenimiento
democrático hasta nuestros días, aún con sus vicisitudes
RECLAMO POLICIAL ACTUAL.
Hemos visto, oído y leído el reclamo de las fueras policiales y del servicio
penitenciario bonaerense alentado por algunos sectores políticos y medios de difusión.
Las fuerzas seguridad de la Provincia de Buenos Aires han formulado reclamos
de diversa índole – como en apariencia no la habrían formulado en el último quinqueniopero para ello han echado mano y usado en forma desmedida, a los móviles policiales,
insumos, sus uniformes y armamentos, apoyados por personas no del todo identificables,
incluyendo rodear amenazadoramente a la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos
Aires y hasta la residencia Presidencial. Muchos medios de difusión demostraron su
inocultable estupor y otros, lo informaban hasta con un dejo de desparpajo..
No es motivo de esta nota determinar las responsabilidades políticas,
institucionales ni la del personal afectado a dichos episodios, ni mucho menos tipificar
conductas, las que desea fervientemente sean esclarecidas en los ámbitos instituciones y
jurisdiccionales que correspondan, asegurando el debido proceso, una difusión y
publicidad adecuada, y las resoluciones que, en cada caso correspondan.
DISPOSICIONES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL.
En el marco de la situación pandémica que asola a nuestra región y los hechos
muy tangencialmente narrado protagonizado por personal armado en las calles el
Gobierno Nacional adoptó rápidamente algunas medidas..
En esto, me permito recordar ahora, aquellas decisiones del Presidente Alfonsín.
DECRETOS DE NECESIDAD Y URGENCIA.
Digamos que si bien esta herramienta fue registrada por la Reforma Constitucional de
1994, ya había tenido reconocimiento y fue utilizada con anterioridad.
Pero es preciso señalar en que media fue utilizada.
El Ex Presidente Macri utilizó dicha medida, en casi 65 oportunidades, lo que
hace un promedio de 16.4 de DNU por año (en cuatro años de gobierno).
Cristina Fernanez de Kirchner dictó 78 DNU , lo que hace un promedio de 9.7 decretos
por año (en 8 años de Gobierno) Siendo el promedio menor desde 1989.
El Presidente Rodriguez Saa, en circunstancias excepcionales dictó casi un DNU
por día en su semana de gobierno.
El Presidente Duhalde emitió 154 DNU, es decir un promedio de 110 anuales.
Nestor Kirchner sancionó en sum período 236 DNU, es decir 52,4 por año.
De la Rúa, en su corto período hasta su renuncia, sancionó 59 DNU, es decir 29,5
anuales, y Carlos Menem 195 DNU, 18.7 por año
DNU PARA DAR FIN A UNA CRISIS ARMADA AMENAZANTE.
Ante los hechos y copamiento armado de las fuerzas de seguridad de la Provincia
el Presidente de la Nación adoptó una medida tendiente, por una parte, a reparar un
beneficio en exceso del que venía gozando la Capital Federal y a solucionar esta crisis de
convulsión y latente peligrosidad social. No debemos olvidar que en plena crisis, con
gente armada en la calle – sin ningún tipo de control- muchos alentaban salir a marchar
en defensa de las instituciones (como en Semana Santa de 1987) , posibilidad esta
desalentada por el propio Presidente llamando a la cordura y a la pacificación.
En primer lugar debemos señalar que el DNU del Presidente nada le quita a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires sino que se reducen fondos excedentes que el ex
Presidente Mari le había otorgado por decreto 194 de 2016 con motivo del paso de las
fuerzas de seguridad federales al Gobierno local.
Desde 2003 CABA recibía 1,4% y fue elevado a 3.75%, más de dos puntos, a
partir de 2016, advirtiéndose luego que dicha carga excedía con creces la mentada
compensación.
Queda claro, como se dijo más arriba, que no se le quita pues los fondos que se
mantienen deberían atender las necesidades para afrontar los gasto necesarios por la
Capital Federal y que solo se adjudican con fines específicos de la Provincia de Buenos
Aires, que digámoslo de paso perdió puntos en su coparticipación federal por decisión del
Gobernador Alejandro Armendáris
TRAMITE DL DNU.
Digamos como principio que todo DNU (este no debe ser la excepción) debe ser
convalidado o rechazado por el Congreso Nacional.
A pesar de la vía republicana y constitucional se ha dicho que el gobierno de CABA
(ejerciendo el legítimo derecho de peticionar) acudiría a los Estrados Judiciales para
reclamar su invalidación judicializándose, una vez más, las decisiones políticas y, como
en el caso, de excepción y apremiados por las circunstancias
COROLARIO.
Como síntesis de la cuestión, y sea cual sea la suerte que corra el DNU dictado por el
Gobierno Nacional, mucho se parece la situación actual a las narradas al principio de esta
nota.
Si el Congreso y/o el Poder Judicial, ratifican o convalidan el DNU no hay mucho
mas que decir.
Para el caso, improbable, a mi modo de ver que se rectifique o anule el DNU
dictada por el Presidente Fernández mucho se parecerá a las leyes dictadas durante el
Gobierno del Presidente Alfonsín, criticadas por muchos coadyuvaron al mantenimiento
del sistema democrático y republicano y, cuando se produjo su anulación y derogación –
habiendo pasado la zozobra de los movimientos insurgentes – posibilitó el juzgamiento y
condena por los delitos de lesa humanidad cometidos en 1972 y a partir de 1976.
Es lo cierto que aquellos que criticamos las medidas del Presidente Alfonsín, con
el tiempo advertimos su conveniencia.
Hoy se alzan voces altisonantes hablando de la quita, a manera de robo, sobre las
arcas de la ciudad de Buenos Aires.
Nada se dice respecto a la crítica e írrita situación provocada por este desmadre
institucional, no mencionar a sus eventuales responsables.
Como el Cid Campeador el ex Presidente libró su última batalla aún después de
muerto, llevando su posición a la victoria.
Esperemos ser más ecuánimes con el actual
EMILIO AUGUSTO RAFFO