La entrega de AySA ha sido objeto de críticas debido a que el monto pagado por el consorcio ganador está por debajo de lo estimado como valor base por el Ministerio de Economía. Se ha señalado que construir apenas dos plantas de tratamiento de agua desde cero costaría mucho más que lo que se está vendiendo toda la compañía. Además, se destaca que los usuarios, que son los verdaderos dueños del servicio, no tuvieron acceso a la valuación real del paquete accionario ni al inventario de pasivos ambientales, lo que ha motivado amparos judiciales colectivos. Se señala que los compradores podrían obtener ganancias extraordinarias, como un flujo de caja adicional de US$93 millones anuales a través de la recategorización de usuarios por zonas. También se mencionan posibles conflictos de interés y aportes políticos que han generado polémica en torno a esta privatización.

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