La histórica cooperativa láctea SanCor, con sede en Sunchales, dio un paso decisivo en medio de su prolongada crisis: solicitó su propia quiebra ante la Justicia, marcando un punto de inflexión tras más de un año de concurso preventivo sin resultados. La presentación fue realizada en la tarde del miércoles ante el juez Marcelo Gelcich, quien lleva adelante el expediente en los tribunales de Rafaela. Hasta el momento, la empresa no emitió ningún comunicado oficial ni respondió consultas periodísticas.

La decisión, según trascendió, responde a la imposibilidad de revertir el deterioro financiero y operativo que arrastra la firma desde hace años. En su presentación, SanCor argumentó que el concurso preventivo dejó de ser una herramienta viable para salir de la crisis, dado que no logró recomponer su actividad ni generar ingresos suficientes. A esto se sumaron serias dificultades para acceder al crédito, una marcada falta de capital de trabajo y una estructura de costos que se volvió insostenible.

El panorama financiero es crítico. La cooperativa acumula una deuda cercana a los 120 millones de dólares —equivalentes a unos 90 millones de dólares más de 40.000 millones de pesos—, según verificó la Justicia tras analizar los reclamos de 1519 acreedores sobre un total de 2702 denunciados. Además, la empresa arrastra compromisos impagos de carácter salarial, fiscal y comercial, lo que incrementó la presión de los acreedores y terminó por cerrar cualquier margen para presentar una propuesta de pago viable.

El deterioro de SanCor no es reciente. Desde 2017, la firma atraviesa un proceso de caída sostenida que la llevó a perder una porción significativa de su participación en el mercado lácteo. Su capacidad productiva se desplomó de unos 4 millones de litros diarios de leche a menos de 500.000. En paralelo, se desprendió de marcas emblemáticas en segmentos como postres y yogures, y redujo en al menos seis sus plantas industriales.

850 TRABAJADORES LACTEOS

Actualmente, la láctea emplea a unos 850 trabajadores, quienes se encuentran entre los principales afectados por la crisis. Desde Atilra confirmaron que la empresa adeuda ocho meses de salarios, además de aguinaldos, y denunciaron que SanCor se sostuvo en el último tiempo “con el patrimonio de los trabajadores”, sumado a la asistencia del fondo solidario del sindicato y la cobertura de salud brindada por la obra social OSPIL, pese a la falta de aportes patronales durante años.

En un comunicado difundido tras conocerse la noticia, el secretario general del gremio, Héctor Ponce, afirmó que el pedido de quiebra “no agrega ni quita nada” a una situación que, según sostuvo, ya estaba probada en la causa judicial. En esa línea, calificó la decisión como el cierre de una etapa marcada por la negación de la realidad por parte de la conducción de la cooperativa.

EL SINDICATO APUESTA A SOSTENER EL EMPLEO

No obstante, desde el sindicato buscan proyectar un escenario de continuidad. Atilra había impulsado previamente una quiebra con continuidad de explotación, y ahora sostiene que el eventual proceso judicial podría abrir una nueva etapa en la que la marca SanCor, liberada de su actual estructura, pueda reactivarse bajo otro esquema productivo.

Mientras tanto, el futuro inmediato de SanCor permanece incierto. Según fuentes gremiales, existen cerca de 400 pedidos de quiebra presentados por trabajadores y otros acreedores, y no se descarta que empresas interesadas en adquirir activos de la cooperativa estén aguardando la resolución judicial para avanzar. En paralelo, se espera que una próxima asamblea extraordinaria de los socios tamberos ratifique la decisión de solicitar la quiebra.

El desenlace marcará el destino de una de las cooperativas más emblemáticas de la Argentina, cuya historia refleja tanto el auge como las dificultades estructurales del sector lácteo nacional.