De acuerdo con el denunciante original de los hechos, Jorge Gaggero, «se habría ocultado a las áreas específicas del organismo información relativa a 950 cuentas de argentinos en el exterior, allegada al país en el año 2017 por la OCDE en el marco del proceso de intercambio entre agencias tributarias«.

Según la presentación del fiscal Delgado, la Subdirección General de Fiscalización de la AFIP explicó que, de acuerdo a lo informado por el Departamento de Gestión de Información Internacional, se realizaron los siguientes intercambios de información:

Un intercambio realizado en septiembre 2017 (respecto al período fiscal 2016), por el que se recibieron 55.541 cuentas de 44 países por un total de saldo informado en euros de € 2.561.868.623.

Otro intercambio realizado en septiembre 2018 (respecto al período fiscal 2017), por el que se recibieron 254.949 cuentas de 74 países por un total de saldo informado en euros de € 9.042.723.582.

Al respecto, el actual Subdirector General de Fiscalización, Julián Ruiz, dijo que de los casos recibidos en septiembre 2017 se investigaron 576, de los cuales el 77% se realizaron en el mes de enero 219.

Según se informó en el caso, actualmente se está desarrollando un análisis integral de toda la información suministrada por la OCDE por los períodos no prescriptos y que, como consecuencia de ello, en una primera etapa, se ordenó en el mes de abril del corriente año la investigación de las cuentas con mayor interés fiscal comprometido con respecto a la información recibida en septiembre de 2018 -periodo fiscal 2017- y la información recibida en septiembre de 2017 -periodo fiscal 2016.

En la investigación preliminar figura la nómina del personal que se desempeñó en los diferentes cargos de la estructura que intervino hasta la actualidad en la gestión de la información.

La AFIP dijo que el 15 de abril de 2020 la Subdirección General de Fiscalización ordenó un sumario administrativo, el cual se registró bajo el número AFIP IF-2020-00223077, por el posible incumplimiento de los procesos de adecuado resguardo de la información en el ámbito de la Dirección de Fiscalidad Internacional; por el posible acceso a esa información por personas que carecían de facultades para ello y, en su caso, para deslindar las responsabilidades que pudieran verse comprometidas.

Por otra parte, la fiscalía contactó a Horacio Castagnola, ex funcionario de la AFIP que, de acuerdo con información periodística, tendría conocimientos de los hechos. Con las trabas debido a la cuarentena por la pandemia del coronavirus se lo invitó aportara información vía correo electrónico.

«Horacio Castagnola y Jorge Gaggero también mencionaron que consideraban que la información que recibió oportunamente la AFIP de la OCDE pudo haber sido adulterada o eliminada parcialmente y que el transcurso del tiempo pudo haber implicado prescripciones de la obligación de pago de impuestos por parte de los titulares de las posibles cuentas alteradas u omitidas», señaló el fiscal Delgado en su denuncia, a la que tuvo acceso minutouno.com.

Sobre esa base la fiscalía solicitó nuevos informes a la AFIP. A partir de ellos se logró determinar:

a) quienes recibieron la información

b) que Ministerio Público de la Nación decisiones administrativas se tomaron;

c) quienes retuvieron la información hasta fines del año 2019;

d) quienes tuvieron acceso a esos datos;

e) quienes accedieron, aunque no debían;

e) quienes tomaron decisiones que actualmente impiden conocer si la información es la misma que envió la OCDE;

f) quienes permitieron la posible prescripción de los tributos.

El fiscal Delgado sostuvo que «el objeto del proceso se limita a plantear las consecuencias jurídico-penales derivadas de la inacción de algunos funcionarios y de la manipulación de información que, esto es decisivo, no fue custodiada tal como lo exigen los propios procedimientos de la AFIP. Los magistrados que resulten sorteados para conocer en los hechos tendrán en sus manos toda esa valiosa data enviada por la Afip que incluye los tópicos precedentemente individualizados».

El caso quedó sorteado en el juzgado federal 5 que actualmente está a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti y del fiscal Carlos Stornelli.

Para el denunciante fiscal Delgado «la prueba recolectada es francamente extensa, puntillosa y excede con creces el marco de esa pesquisa y seguramente será de suma utilidad para los magistrados que finalmente se ocupen del tema. No obstante, grosso modo, surge de allí que la cadena de custodia no se respetó y que no se sabe muy bien aún que pasó en el hiato que separa la recepción de las cuentas y la asunción de las nuevas autoridades».