El mandatario colombiano respondió así a los «rumores» de que sus familiares estarían cobrando sobornos a criminales para que puedan beneficiarse del plan de paz.

Petro le pidió a la justicia que investigue a sus familiares ante acusaciones infundadas

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió este jueves a la justicia que investigue a su propio hermano, Juan Fernando Petro, y a su hijo mayor, Nicolás Petro, tras «rumores» de que estarían cobrando sobornos a criminales para que puedan beneficiarse del plan de paz que lleva adelante el Gobierno.

Petro dijo que sobre la base del «compromiso» que asumió cuando fue elegido mandatario y a la «lealtad» que debe a quienes lo votaron, ante los trascendidos acerca de las acusaciones a su hermano y su hijo solicitó al fiscal Francisco Barbosa que los investigue y establezca las responsabilidades.

«El único funcionario que cuenta con el aval de Gobierno para tener contacto con las organizaciones al margen de la ley, con el objetivo único de la búsqueda de la paz, es el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda», expresó el presidente en un comunicado difundido a través de sus redes sociales.

Recalcó que el Ejecutivo «no otorgará beneficios a criminales a cambio de sobornos».

«Al contrario, nos encontramos en la construcción de los mecanismos legales para que estas agrupaciones al margen de la ley se acojan a la justicia, reparen a las víctimas y cesen la violencia en las ciudades y demás territorios», reforzó.

Agregó que su compromiso «con Colombia y con las colombianas y colombianos es lograr la paz y quien quiera interferir en ese propósito, o sacar provecho personal de este, no tiene cabida en el Gobierno, incluso si son miembros» de su familia.

Por último, el gobernante manifestó confianza en que su hermano y su hijo mayor «puedan demostrar su inocencia», pero remarcando al mismo tiempo que respetará «las conclusiones a las que llegue la justicia».

En los últimos días, Rueda informó al fiscal Barbosa sobre la existencia de un grupo de abogados que estaría cobrando hasta un millón de dólares a narcotraficantes y delincuentes a cambio de que estos últimos sean incluidos en el plan de paz del Gobierno.

«Unos pocos abogados faltos de ética profesional han pretendido engañar a personas privadas de libertad y a sus familias, cobrando dinero a cambio de promesas que van desde supuestas asignaciones en las gestorías de paz, a traslados penitenciarios e, incluso, a la suspensión de procesos de extradición», denunció Rueda.

Esos letrados estarían utilizando las visitas que Juan Fernando Petro y la senadora Piedad Córdoba realizaron a varias cárceles para entrevistarse con algunos de los presos durante la pasada campaña electoral para hacerles creer que podrían ser beneficiados con la política de «paz total» impulsada por Petro, según las versiones divulgadas en los últimos días por medios colombianos.

FUENTE:TELAM