El Senado de la Nación aprobó la prórroga de la vigencia del blanqueo de capitales para activar al sector de la construcción, uno de los cuatro expedientes que se encuentran en estudio en el Congreso y que fueron requeridos por el ministro de Economía, Sergio Massa.

La Cámara alta convirtió en ley un proyecto que prorroga la vigencia de un blanqueo de capitales para activar de manera específica al sector de la construcción con incentivos impositivos para quienes declaren bienes y que incluye parte del programa “puente al empleo” referido a la conversión de los planes sociales en trabajo genuino.

Además de este proyecto, Massa había requerido el avance en el Congreso de otros tres expedientes: el de bionanotecnología, el de agroindustria y el de la industria automotriz (dictaminado ayer en un plenario de Comisiones de la Cámara alta), que también contemplan beneficios impositivos, con el fin de incrementar las exportaciones para sumar reservar y apuntalar el crecimiento productivo y la creación de nuevos empleos.

Aprobada a comienzos de 2021, la Ley de Incentivo a la Construcción Federal Argentina y Acceso a la Vivienda buscó impulsar el desarrollo del sector, muy afectado por la pandemia de coronavirus, recuperar puestos de trabajo perdidos y lograr mayor oferta de viviendas.

La iniciativa, que en la Cámara baja fue consensuada entre el oficialismo y la oposición, y en el Senado obtuvo hoy 35 votos a favor y 26 en contra, ya que fue apoyada por el Frente de Todos y sus aliados, mientras Juntos por el Cambio votó negativamente, establece un impuesto especial sobre el valor de la tenencia que se declare, expresada en moneda nacional al momento de ingreso a la cuenta especial.

En base al esquema previsto, para los bienes ingresados desde la fecha de entrada en vigencia de esta ley y hasta transcurrido el plazo de 90 días corridos, la alícuota que deberán tributar será de 5%.

En tanto, los ingresados desde el día siguiente de vencido el primer plazo y hasta transcurrido otros 90 días, la tasa será de 10%; y los declarados desde el día siguiente de vencido el segundo plazo y hasta transcurrido 180 días corridos, abonarán una alícuota de 20%.

La presidenta de la Comisión de Infraestructura, la oficialista formoseña María Teresa González, aseguró que “la orientación de este proyecto está basada en cuatro objetivos que son fundamentales”.

En ese sentido, enumeró la de “continuar con repunte de la industria de la construcción como motor dinamizador economía”, la “generación de nuevos empleos registrados y capacitados”; el “aumento de la recaudación a través de la regularización impositiva” y, por último, “el ingreso genuino de divisas”.

Además, mencionó que “63% de las empresas que realizan obras privadas prevén que el nivel de actividad se mantendrá en los próximos tres meses” y que “el 23% de estas empresas espera el aumento de sus planteles para el mismo trimestre”.

En cambio, el radical chaqueño Víctor Zimmermann dijo que Juntos por el Cambio no iba a apoyar el proyecto porque “estamos debatiendo la prórroga de un blanqueo que les hace un favor a aquellos que evadieron y llevaron la plata afuera”.

“Les estamos dando beneficios para los que evaden. No incentiva el comportamiento fiscal, es un nuevo parche que beneficia a un sector que fue claramente beneficiado por los costos de la construcción”, afirmó Zimmermann.

La senadora por Córdoba Federal Alejandra Vigo dijo que iba a apoyar el proyecto, pero cuestionó la “falta de cordura que impera en esta gestión”.(Grupo La Provincia)