En distintos países de América Latina, y en el contexto de la enorme gravedad económica que derivará para todas las naciones tras la pandemia mundial de Coronavirus, se debate sobre la necesidad de imponer nuevos tributos, en particular a las grandes fortunas.

Argentina dio el primer paso, con la sanción de una ley que será de aplicación por única vez, la cual no fue de sencilla aprobación, por la oposición que la misma generó desde los sectores concentrados de la economía, con el natural apoyo de los medios hegemónicos de comunicación.

Bolivia dio el segundo paso, con una ley que acaba de ser promulgada por el gobierno de Luis Arce, en la que allí sí se logró disponer que el mencionado tributo sea permanente sobre las grandes fortunas, con la intención de propiciar aunque más no sea en mínima parte, la por todos mencionada redistribución de la riqueza.

De cara al inminente 2021, en otros países de América Latina, proyectos de esta naturaleza se encuentran en pleno debate. Dentro de las propuestas extraordinarias que están en discusión se destacan las de Brasil, Perú, Chile y Ecuador.

En Brasil hay cuatro proyectos presentados en el Senado; uno de la oposición plantea tributar con una alícuota de 2,5 por ciento a patrimonios por encima de los 50 millones de reales.

En Perú un partido con presencia en el Congreso propuso que las personas físicas y jurídicas que facturen más de un millón de soles por año paguen un impuesto solidario de 1 por ciento y que ascienda hasta 3 por ciento cuando se superen los 50 millones de solas.

En Chile la diputada Camila Vallejo presentará en el Congreso una propuesta realizada por el Partido Comunista. Consistirá en un impuesto a la riqueza dirigido al 1 por ciento más rico del país, con una tasa anual del 2 por ciento, que se cobrará hasta que la distribución de la riqueza sea, medida por el Gini, del 0,25, dado que estiman que el 1 por ciento de la población concentra el 30 por ciento de la riqueza.

En Ecuador el sector alineado a Rafael Correa empuja la iniciativa, aunque en este país la única persona que tiene atribución legislativa para definir en cuestiones tributarias es el presidente, en este caso Lenin Moreno.

En Europa ya se consigue

Habitualmente, los denominados medios hegemónicos de la comunicación, puestos al servicio del poder económico concentrado ya sea por ser directamente propiedad de estos o por receptar el beneficio de voluminosas cuentas de pautas publicitarias, nada dicen de la vigencia de leyes de esta naturaleza, en los por ellos denominados “países de avanzada”.

Es así por ejemplo que  Alemania cobra el «impuesto solidario» que tributa una sobretasa de 5,5 por ciento a los mayores patrimonios; España el impuesto a las grandes fortunas y Francia  un «impuesto excepcional» con alícuotas entre 3 y 4 por ciento a patrimonios de más de 250.000 euros.

En dichas naciones europeas, estos tributos ya están vigentes, se cobran (y pagan) con regularidad, y permiten a los estados afrontar las millonarias inversiones que por ejemplo en materia de salud, se volvieron más prioritarias que nunca, en el marco de la pandemia por el Covid-19. A ninguno de esos gobiernos (ni en Francia, ni en España y mucho menos Alemania) se los califica desde las páginas de los diarios como “comunistas” o “setentistas”.