Un informe sobre las condiciones de vida de las personas travestis, trans y no binarias en la Ciudad de Buenos Aires reveló que, a once años de la sanción de la Ley de Identidad de Género, existe una «tendencia favorable» respecto de las políticas públicas de salud y educación, pero no registra mejoras frente al acceso a la vivienda y al trabajo formal y se mantienen las cifras «alarmantes» de los casos de violencia.

Los resultados de la investigación denominada «Con Nombre Propio» fueron difundidos en una actividad desarrollada en el Salón Dorado de la Legislatura porteña sobre el trabajo realizado por el Ministerio Público de la Defensa porteño, junto con el Bachillerato Popular Trans Mocha Celis durante 2022.

El informe muestra las condiciones de vida de las personas travestis, trans y no binarias en la Ciudad y el impacto de las políticas públicas en el acceso a los derechos económicos, sociales y culturales de la población transgénero, transexual, travesti y no binaria en el distrito.

Transcurridos once años de la sanción de la Ley de Identidad de Género, la investigación tiene como referencia los resultados obtenidos en un informe sobre la situación de la comunidad travesti en la Argentina en 2005; así como los documentos «Cumbia, Copeteo y Lágrimas», del 2016 y «La Revolución de las Mariposas», del 2017.

En materia de políticas educativas, el informe destacó «un aumento considerable de quienes están cursando sus estudios en la actualidad».

«En 2005, solo el 10% de las travestis y las mujeres trans estudiaban; para el 2022 el porcentaje ascendió al 47,1%. En cuanto a los varones trans también hay un aumento de quienes están estudiando. En 2016, lo hacía el 39,4% y en 2022 el 56,3%», se precisó en el estudio.

Respecto de la salud, «se verifica una tendencia favorable y sostenida en el aumento de los controles médicos regulares para todo el colectivo».

«Hay un incremento en los tratamientos hormonales bajo supervisión médica y, desde 2005, un descenso sostenido del uso de inyecciones de siliconas como recurso para adecuación corporal», detallaron.

Los datos no son positivos, en tanto, en cuando a las políticas de trabajo y alternativas para la generación de ingresos ya que la prostitución aparece como «la principal fuente de ingreso de las mujeres trans y travestis».

«Sigue siendo alto el porcentaje de niñas trans, travestis que ingresan en la prostitución con menos de 14 años, sin embargo, es menor en más de 18 puntos que el registrado en 2016», sostuvo el estudio, y mostró que «la participación de las travestis y mujeres trans en el trabajo formal sigue siendo baja, de solo 13,5%».

Otras de las áreas relevadas fue la de vivienda, donde se indica que el acceso habitacional «es uno de los derechos más vulnerados» ya que «desde el 2005 hasta la actualidad no hubo ninguna mejora».

«Casi siete de cada 10 travestis y mujeres trans viven en habitaciones de hotel/pensión/casa tomada o no tomada», se indicó, mientras que «entre los varones trans, tres de cada 10 viven en casa o departamento de familiar, de amigues o propio».

Por último, se remarcó que «las cifras siguen siendo alarmantes» en materia de casos de violencia al informar que «el 62,6% de las mujeres trans y travestis, el 65,6% de los varones trans y el 84% de las personas no binarias fueron víctimas de violencias en los últimos 10 años».

«En 2022, las comisarías y el transporte público fueron identificados como los principales ámbitos de violencia institucional y social», se reportó.

En cuanto a la violencia policial dirigida hacia las mujeres trans y travestis, se agregó que «se mantiene en un nivel muy alto, similar a la proporción registrada en 2016: casi siete de cada diez de ellas manifestaron haberla sufrido».

El panel de expositoras en la Legislatura estuvo a cargo de la Defensora General del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad, Marcela Millán; la secretaria Letrada de Género y Diversidad Sexual del organismo, Josefina Fernández; la docente de Metodología de la Investigación y de Desarrollo Social de las Comunidades, Virginia Silveira, y la antropóloga Amaranta Gómez Regalado.

«El compromiso de nuestro organismo con la cultura de los derechos humanos, en todas sus dimensiones, hace imprescindible producir y construir conocimiento que no solo sirva de insumo para la defensa de los derechos, sino también para la promoción de iniciativas de políticas públicas que remuevan los obstáculos que enfrenta la comunidad travesti, trans y no binaria», concluyó Millán.