Que se confisque un hotel de cuatro pisos en beneficio de las personas que eran allí explotadas, que un cabo del Ejército sea condenado por abuso a partir de la denuncia de una soldada voluntaria o que la muerte de dos acusados no coarte la participación de las querellantes en un juicio por trata son algunos de los logros de la Defensoría Pública de Víctimas (DPV) creada hace 6 años para dar patrocinio gratuito a las víctimas de delitos federales, algunos de ellos originados en la violencia machista.

Así, a partir de un pedido de la defensora pública de víctimas de la provincia de Buenos Aires, Inés Jaureguiberry, cinco damnificados por la denominada «secta yogui» -una organización coercitiva que operó durante 40 años en el hotel City de Mar del Plata- obtendrán reparaciones por 50 millones de pesos, a partir de lo producido por la venta de ese edificio incautado a los tres condenados por los delitos de «trata de personas con fines de explotación, reducción a la servidumbre y alteración de identidad de menores».

«Ese hotel se compró con el producto de la explotación durante años de las víctimas y para nosotros era muy importante -desde el punto de vista económico, pero también de resignificación simbólica- que fuera decomisado, algo que el fiscal no había pedido», dijo a Télam Jaureguiberry.

Y a pesar de que dos de los acusados por la querella murieron cuando habían transcurrido 9 meses de juicio, la defensora consiguió que se le permitiera seguir representando a parte de las víctimas en el debate oral que corría el riesgo de seguir adelante sólo con los acusados de la Fiscalía, «para que se haga efectivo su derecho a conocer la verdad de lo sucedido y a obtener una reparación integral».

«Yo soy defensora en la provincia de Buenos Aires y me toca representar a víctimas de delitos que tramitan en la justicia federal -como, por ejemplo, causas de abuso sexual en las Fuerzas Armadas, causas de trata de personas con fines de explotación sexual o laboral, o algunos casos de chicas que han desaparecido- pero muchas de las causas de violencia de género -como lesiones, femicidio, tentativa de femicidio, o amenazas- tramitan ante el fuero ordinario», explicó.

En estos últimos casos, el patrocinio gratuito de víctimas es facultad de las provincias que «adoptaron diferentes sistemas» en virtud de la Ley 27.372 (de Víctimas) como el «modelo de representación a víctimas en articulación con los colegios de abogados» que utiliza la provincia de Buenos Aires, con excepción de la CABA donde «la defensa de las víctimas en los delitos ordinarios también los asume la Defensoría General».

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«El aporte más importante de la Defensoría Pública de Víctimas es que aquellas que están en situación de vulnerabilidad, que no tienen recursos económicos para designar un abogado que represente sus intereses en un proceso penal (federal), ahora cuentan con un magistrado específico a quien le pueden solicitar ese patrocinio jurídico», dijo.

Creación de la DPV

La DPV fue creada en virtud de la ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos sancionada el 21 de junio de 2017 que puso en cabeza del Ministerio Público de la Defensa de la Nación (MPD) la tarea de garantizar esa asistencia técnica y patrocinio jurídico.

Para cumplir esa misión, la ley también creó 24 cargos de defensores públicos de víctimas -uno por cada provincia más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- y si bien para marzo de 2020 se había completado las 24 ternas para ocupar esos cargos, hasta el momento sólo ocho DPV están en funcionamiento.

Se trata de las defensorías de Buenos Aires, Salta, La Pampa, Neuquén, Chaco, Tierra del Fuego, Catamarca y Tucumán; mientras que para el resto de las provincias y CABA está pendiente la resolución de las ternas por parte del Ejecutivo Nacional.

«La ley prevé dos tipos de asistencia: la víctima puede asumir el rol de querellante en el proceso, y desde la DPV le prestamos patrocinio jurídico, es decir, llevamos adelante la querella con todo lo que eso supone, desde presentarnos, hacer todos los actos procesales necesarios, representar en juicio, acusar, recurrir ante las cámaras o casación», dijo.

«Pero después la ley prevé también una asistencia técnica que es para víctimas que por alguna razón no quieren querellar pero sí necesitan ser asesoradas, asistidas técnicamente y defendidas en sus intereses; y esto hace una diferencia abismal en cómo enfrentan un proceso penal», agregó.

En ese sentido, la magistrada explicó que «las acompañamos a testimoniales, les explicamos las consecuencias jurídicas de cada acto, las mantenemos informadas, les anticipamos lo que puede pasar», pero también articulan en su nombre con otros organismos del mismo Estado, en caso de que necesiten, por ejemplo, tramitar apoyo psicológico o económico, documentos de identidad, pensiones, sucesiones, entre otros.

«Algo que hacemos en causas de trata de personas, es solicitar que la sentencia penal ya incluya la reparación integral que la ley prevé para las víctimas porque creemos que la violencia de género también se revierte construyendo autonomía para las víctimas», agregó.

Y en este esfuerzo se inscribe, por ejemplo, la disposición de los jueces del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata que ordenaron la confiscación del Hotel City como parte de su sentencia.

«Esto no excluye la posibilidad después de iniciar acciones civiles por daños y perjuicios, pero pensamos que si a una víctima que tuvo que declarar hasta 9 veces le pedimos que afronte ahora un proceso civil para obtener una reparación, es revictimizarla», dijo.

La magistrada explicó que constituirse en querellante implica también «la posibilidad de continuar manteniendo la pretensión acusatoria aun cuando el Ministerio Público ha decido no continuar con la acusación y eso es muy importante porque en muchos de los delitos en los que intervenimos, tenemos una posición diferente» a la de la Fiscalía, sobre todo «en los casos de violencia institucional» en los que las víctimas son personas privadas de su libertad en el Servicio Penitenciario Federal.

«En el caso de que nosotros actuemos sólo como asistencia técnica (y no querellantes) podemos pedir la revisión del archivo (de una causa), el sobreseimiento o el desistimiento, para que prosiga la investigación a pedido de la víctima», contó.

Un DPV como querellante en La Pampa

En La Pampa, el DPV Martín García Ongaro actuó como querellante en el juicio que terminó en la condena a tres años en suspenso a un cabo 1º del Ejército por haber abusado de una mujer que era voluntaria en la fuerza.

«Por lo general, el abuso sexual es entendido como un delito ordinario, pero acá la competencia es federal porque esta agresión sexual ocurrió en dependencias del Ejército argentino», explicó García Ongaro a Télam.

Los hechos ocurrieron una madrugada de 2018 en que la víctima debía pasar la noche en la guarnición como parte de su entrenamiento, situación que el cabo Sergio González aprovechó para someterla a tocamientos, sacando ventaja también de su superioridad jerárquica en la fuerza.

La sentencia del Tribunal Oral Federal de Santa Rosa tuvo «tres imposiciones (para el acusado): la condena, la fijación de una reparación económica y la obligación de realizar cursos de capacitación como condicionamiento de una pena en suspenso».

«Desde la Defensoría, primero hubo un trabajo importante de acompañamiento porque era una víctima que estaba muy vulnerada, sumado a que estaba también con problemas económicos porque se había desvinculado de la fuerza con lo cual tuvo que reconvertirse laboralmente. Y después, todo lo que tiene que ver con la preparación del proceso, el aporte de testimonios, pruebas periciales y finalmente la participación en el debate oral donde obtuvimos la condena», contó

«Participamos en cada una de las instancias recursivas posteriores, y finalmente el condenado está transitando los trámites de desvinculación del Ejército como consecuencia de que quedó firme su sentencia. Incluso fue desvinculado de otras actividades que también tenía implicancia sobre mujeres porque era juez de línea en partidos de fútbol femenino», concluyó.

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