La continuidad de la detención preventiva o la libertad del expresidente peruano Pedro Castillo se resolverá a las 17 hora local (19 de Argentina), según dispuso el juez Juan Carlos Checkley tras escuchar a las partes en la audiencia virtual de  este jueves a la que no se conectó ni el exmandatario ni los abogados que se habían acreditado para su defensa.

Checkley informó que Castillo, con arresto preventivo en una sede policial, se había negado a recibir la notificación del requerimiento fiscal y dispuso que la defensa del destituido mandatario la asumiera el letrado oficial Ítalo Díaz.

Ronald Atencio, uno de los defensores de Castillo, confirmó después, en un mensaje en la red Twitter, que ni él ni su colega Raúl Noblecilla participarían de la audiencia.

Para el fiscal, el viaje de Castillo hacia la sede diplomática mexicana implica un riesgo de fuga

«Son muchos los argumentos que, en conversación con Pedro (Castillo), nos impulsaron a tomar esa decisión», indicó y mencionó a la «vacancia (destitución) ilegal y exprés» entre esas razones.

La Fiscalía General abrió formalmente una causa contra el presidente destituido y presentó el martes un pedido de prisión preventiva contra Castillo por 18 meses.

A la audiencia de este jueves, en cambio, sí se conectó, desde la clandestinidad –como anunció la semana pasada- el exjefe de ministros Aníbal Torres, a quien el fiscal Alcides Chinchay señala como el responsable del escrito que leyó Castillo cuando anunció el cierre del Congreso y el inicio de un Gobierno de Emergencia que actuaría por decretos.  Chinchay pidió también para Torres los 18 meses de arresto preventivo, según el sitio del diario La República.

Castillo es acusado de rebelón, conspiración, abuso de autoridad y atentado contra la tranquilidad pública, por lo que podría recibir una pena de 10 a 20 años de cárcel

El abogado de Torres, Duberlí Rodríguez, remarcó que su defendido no puede representar un peligro para la sociedad, por lo que no corresponde que esté en prisión preventiva, además de subrayar que tiene arraigo domiciliario y que pretende volver a ejercer como abogado.

Según Rodríguez, Torres solo acompañaba a familia de Castillo hacia la embajada de México. “Siempre solidario”, resaltó el letrado, que aclaró que Torres no sabía lo qué diría Castillo en su mensaje. Para el fiscal, ese viaje de Castillo hacia la sede diplomática mexicana implica un riesgo de fuga.

Castillo es acusado de rebelón, conspiración, abuso de autoridad y atentado contra la tranquilidad pública, por lo que podría recibir una pena de 10 a 20 años de cárcel. Torres y los exfuncionarios Betssy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez son sindicados como coautores del delito de rebelión.

FUENTE:TELAM