En la Justicia provincial ingresó un amparo que busca que se declare la nulidad del certificado de aptitud ambiental que obtuvo el establecimiento arenero «El Mangrullo», propiedad de Yacimiento Petrolíferos Fiscales SA (YPF), ubicado en Islas del Ibicuy, a 363,7 kilómetros de Paraná, al sur de la provincia.
La firma extrae allí arena sílica que es utilizada para el fracking en los yacimientos de Vaca Muerta, provincia de Neuquén. Se trata de una técnica de fractura hidráulica para posibilitar o aumentar la extracción de gas y petróleo del subsuelo.
El amparo fue presentado por la Fundación Cauce (Cultura Ambiental-Causa Ecologista) y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Aagmer). El gremio docente viene de advertir que la Escuela Ejército Argentino Nº 30, de Ibicuy, se encuentra a 500 metros de la planta El Mangrullo, por lo cual la comunidad educativa está expuesta a la presunta contaminación de la empresa.
El trámite está en manos de la vocal Valentina Ramírez Amable, de la Cámara II de Apelaciones Civil y Comercial de Paraná. En el escrito, las organizaciones solicitan que se condene a la Municipalidad de Ibicuy “por su accionar ilegal y declare la nulidad del Certificado de Aptitud Ambiental emitido por el municipio firmado por su presidente municipal Gustavo Roldán, revocándolo en todos sus términos”.
En segundo término, también piden se condene al Gobierno provincial “por sus omisiones en el control que debió ejercer en su carácter de garante de la protección ambiental y de todos los bienes ambientales que le pertenecen por encontrarse en su territorio, principalmente, en el desarrollo del proceso de evaluación de impacto ambiental”.
Finalmente, peticionan que también se condene a YPF “por su accionar ilegal e inconstitucional al incumplir de manera explícita la regulación legal ambiental Nacional y de la Provincia al comenzar la instalación y puesta en funcionamiento de una planta de lavado de arenas silíceas de manera previa a la finalización del proceso de evaluación de impacto ambiental, en un área natural protegida por ley provincial y formar parte principal de una audiencia pública viciada desde su origen; ordenándole retirar todo lo construido en el predio El Mangrullo y la recomposición del ecosistema al estado anterior a su intervención”.

La denuncia de un abogado
Es el segundo amparo ambiental que se presenta en la Justicia que advierte sobre el accionar de las empresas que, al sur de la provincia, extraen arena para el fracking.
En diciembre del año pasado, Ricardo José Luciano, abogado y apoderado de la Cooperativa de Agua Potable de Ibicuy, presentó un amparo para conseguir información sobre las actividades de las areneras en la zona.
Dos fallos le dieron la razón: uno fue emitido el 24 de diciembre, a instancias del juez subrogante de Villa Paranacito, Abel Alfredo Rodríguez; y el segundo fue el 18 de enero de este año, cuando el Superior Tribunal de Justicia (STJ) –con integración de feria- confirmó la sentencia de primera instancia.
Recientemente el letrado advirtió que los estudios de impacto ambiental presentados por las empresas, entre ellas YPF, son “un dibujo”, puesto que los consultores contratados realizan “un trabajo a medida de las exigencias estatales” para aprobar los requisitos de admisibilidad ambiental.
Este sábado, el letrado envió un artículo en el que volvió a denunciar lo que está sucediendo en Ibicuy y alrededores. “Miles y miles de toneladas de arena se extraen mensualmente de los departamentos Islas del Ibicuy, Victoria, Diamante, Concepción del Uruguay, entre otros, dejando cráteres a su paso, contaminado con el uso de floculantes, residuos de combustibles, esparcimiento por el aire de arena sílica que está probado científicamente que es cancerígena por inhalación”, denunció.
Además, afirmó que producto de esa actividad “se inundan campos linderos a las plantas como ya está sucediendo en el departamento Islas del Ibicuy; se destruyen caminos, complicando el traslado de enfermos a centros de atención” y se pierde “una biodiversidad abundante, autóctona, propia a la idiosincrasia de los habitantes de la zona”.
“Vida vegetal y animal que durante cientos de años se adecuó a las condiciones particulares de la zona, hoy a raíz de los grandes cambios que se están produciendo, estamos soportando pacíficamente un ‘ecocidio’. Se está destruyendo el hábitat natural de innumerables variedades de animales autóctonas, con efecto a corto plazo de extinción de los mismos- Así también se está aniquilando la flora, contaminando arroyos, ríos, el Acuífero Guaraní, y se están profundizando las napas de agua, contaminando el aire, por lo tanto, a todos los seres vivos (vegetal, animal y humando), que lo inhalan diariamente. Todos se encuentran expuesto a una silenciosa pero infalible contaminación, con las consecuencias más letales”, advirtió.
El abogado explicó además que, según el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de YPF, la planta El Mangrullo tiene una superficie de 430 hectáreas e “informan que van a tener una producción anual de 400 mil toneladas de arena sílica”.
A partir de esa información, estimó que si la empresa trabaja durante 240 días (contando sólo de lunes a viernes) extraerá 400.000 toneladas, lo que representaría sacar 1.666 toneladas diarias. “La cuenta nos da 55 camiones por día. Instalaciones con menos de la mitad de infraestructura que la planta El Mangrullo extraen el doble diariamente. Lo evidente no necesita explicación”, sentenció.
Luego aseguró que el Estado provincial no brindó toda la información requerida en el marco del amparo por información ambiental. “En el mentado amparo, el Estado provincial no pudo informar quién, cómo, y cuándo se controlan las actividades que desarrollan las areneras, y por consiguiente, el grado de contaminación y devastación que producen”.
En ese marco, denunció que hay funcionarios que “miran para otro lado” o “no quieren” controlar a las firmas areneras que explotan el sur provincial. “Estamos a tiempo de evitar lo inminente y de prevenir la destrucción de toda una zona rica en biodiversidad. El único escollo que tenemos es que es un negocio millonario en dólares. Cada tonelada extraída de arena sílica se vende con un precio base de U$S 40, con el pago de un canon ínfimo de $14,70”, afirmó.