SUSPENSIÓN DE CLASES PRESENCIALESTras el fallo de la Corte, el Gobierno exhortó a cumplir con el Consejo Federal de Educación
5 mayo, 2021
Para el ministro de Educación, el jefe de Gobierno porteño debe respetar lo que votaron afirmativamente 22 de las 24 provincias: «Suspender las clases presenciales y garantizar la virtualidad en zonas alerta epidemiológica»
El ministro de Educación, Nicolás Trotta, afirmó que el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, «debe cumplir con lo dispuesto por el Consejo Federal de Educación que por una mayoría absoluta resolvió suspender las clases presenciales y garantizar la virtualidad en zonas de alerta epidemiológica», con el objetivo de «cuidar la salud» en el marco de la pandemia de coronavirus.
Mientras continúan los cuestionamientos del oficialismo a la Corte Suprema por el fallo de este martes contra el DNU presidencial 241/21, el Ejecutivo puso énfasis en la resolución 394/2021 del Consejo Federal de Educación que se reunió también el martes y que dio, en palabras de Trotta, «una respuesta muy contundente en el plano educativo para todo el territorio argentino» y que, puntualizó, «la Ciudad lo debe cumplir».
La reunión del Consejo Federal, órgano creado por la Ley Nacional de Educación, se produjo horas después de que se conociera el fallo de la Corte que avaló una presentación del GCBA en base al concepto de «autonomía» contra el DNU 241/2021.
Dicho decreto, cuya aplicación finalizó el viernes 30 de abril, determinó la suspensión de las clases presenciales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) como una de las medidas sanitarias para mitigar la propagación de la segunda ola de coronavirus.
También el martes, y a través de un comunicado oficial, el Gobierno sostuvo que el fallo de la Corte «no aporta nada» desde el punto de vista jurídico, porque refiere a un DNU «que perdió ya vigencia» y fue reemplazado por otro que «no es una prórroga», sino distinto.
«Este martes nos reunimos todos los ministros de Educación de las provincias y de la Ciudad y se decidió, por 22 votos a favor del total de las 24 jurisdicciones, que hay que priorizar la presencialidad con protocolos estrictos, pero que también tenemos que reflejar lo que establece el DNU vigente (el 287/2021) para situaciones de alarma epidemiológica en las que hay que suspender la presencialidad», explicó el titular de la cartera educativa que precisó que el voto en contra fue de Mendoza y la Ciudad.
Trotta recordó asimismo que el último DNU, el 287, organizó el país según cuatro zonas de riesgo sanitario (bajo, medio, alto y de alerta epidemiológica), y remarcó que esta última categoría, que refiere a los centros urbanos con indicadores más graves, implica la suspensión de la presencialidad escolar para reducir la circulación.
«En las zonas de alerta se tiene que suspender la presencialidad garantizando la virtualidad y el acompañamiento pedagógico a casos especiales», remarcó en ese punto Trotta y asimismo aclaró: «Es un tema sanitario, producto de una pandemia, no una decisión educativa».
«Es un tema sanitario, producto de una pandemia, no una decisión educativa»
NICOLÁS TROTTA
Sobre la controversia judicial entre Nación y Ciudad, y en relación a la posibilidad de una nueva presentación del GCBA, Trotta subrayó que «la situación cambió, porque ya no es una decisión de un gobierno nacional a través de un DNU, sino que la voluntad colectiva de todo el sistema educativo para todo el territorio argentino».
Y en el mismo sentido agregó: «(Rodríguez) Larreta está obligado a cumplir la resolución del Consejo Federal de Educación que suspendió la presencialidad para las zonas de alerta», tras lo cual recordó que el gobierno porteño «cumplió a lo largo de 2020» con una resolución similar.
Respecto al apoyo a la resolución, destacó que «entre las 22 jurisdicciones que votaron a favor hay distintas expresiones políticas, ya que hay gobiernos de fuerzas provinciales, del Frente de Todos, del peronismo de Córdoba y hasta el acompañamiento de las provincias de Jujuy y Corrientes, que son de Juntos por el Cambio».
A su turno, la directora general de Cultura y Educación bonaerense, Agustina Vila, consideró que «la suspensión de clases presenciales es una circunstancia excepcional, temporal y focalizada» producto del avance de la segunda ola de coronavirus, y ratificó que esa medida «no se trata ni se trató nunca de una definición de política educativa».
Tras aprobarse en el Consejo Federal un sistema de dictado de clases acorde al nivel epidemiológico de cada región, en línea con los criterios establecidos por el DNU 287, la funcionaria bonaerense señaló: «Hemos ratificamos nuestro compromiso inquebrantable con garantizar el derecho a la educación y el cuidado de la salud».
«Hemos ratificamos nuestro compromiso inquebrantable con garantizar el derecho a la educación y el cuidado de la salud»
AGUSTINA VILA
En el plano judicial, una jueza de San Isidro pidió informes a la municipalidad de Vicente López antes de resolver si otorga una medida cautelar presentada por el intendente Jorge Macri (Juntos por el Cambio) para permitir que se reanuden las clases presenciales en ese distrito del norte bonaerense, pese a lo establecido por el DNU vigente.
Se trata de la jueza en lo Civil y Comercial 12 de San Isidro, Estela Robles, quien solicitó al municipio de Vicente López que brinde precisiones sobre la capacidad hospitalaria, de testeo y de transporte para los docentes del distrito, informaron fuentes del caso.
También este miércoles continuaron los criticas al máximo tribunal, ya que el ministro de Justicia, Martín Soria, manifestó: «La Corte se reunió vía remota para anular un DNU que disponía una media sanitaria en el AMBA, que venció el viernes pasado» y luego apuntó a la contradicción que implica que los miembros del máximo tribunal emitieron su fallo sobre la presencialidad a distancia, por vía remota y con firma electrónica, para cuidarse del virus.
«No se juntaron presencialmente, pero pretenden que los chicos se inmolen y vayan a la escuela», acusó Soria.
«Entiendo -continuó- que es un fallo netamente político y, en vez de haber declarado abstracta la cuestión, decidieron prestarse al juego político de Rodríguez Larreta».
Y por último, a modo de análisis político, evaluó: «Intentan vaciar de poder al Gobierno nacional para disponer medidas sanitarias en el pico de la segunda ola».
En tanto, el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, remarcó que «no está mal que los jueces quieran gobernar» pero advirtió que, en ese caso, «tienen que renunciar al cargo, crear un partido y presentarse a elecciones».
«La Corte está definiendo cuestiones políticas a través de fallos judiciales y eso es alarmante», enfatizó Mena.
Por su parte, el gremio docente UTE-Ctera resolvió continuar la medida de fuerza en repudio al fallo de la Corte Suprema y señaló que dicha sentencia «habilita a Larreta a hacer campaña a costa de la salud y la vida».
