La industria de supermercados y mayoristas en Argentina enfrenta un contexto económico complicado marcado por una combinación de factores adversos. La carga impositiva sobre los comercios formales es considerable, incluyendo impuestos como Ingresos Brutos y tasas municipales que pueden alcanzar hasta el 6% en algunos distritos. A diferencia de los comercios informales, que operan al margen de estas obligaciones, las grandes cadenas de supermercados deben actuar como agentes de retención y percepción de tributos, lo que encarece sus costos operativos. Esto crea una situación de competencia desleal, donde los comercios formales luchan por mantener su rentabilidad frente a actores que eluden las normativas fiscales y laborales.

La crisis se ve exacerbada por el crecimiento del comercio ilegal, que se estima mueve alrededor de 32.000 millones de dólares al año, representando el 5,5% del PIB. Este fenómeno no solo afecta la recaudación fiscal, sino que también pone en riesgo los empleos registrados, ya que la informalidad laboral alcanzó un récord del 45% en el segundo trimestre de 2026. Ante este panorama, las cadenas de supermercados están revaluando sus estrategias comerciales, buscando renegociar los términos de sus operaciones y reclamar condiciones más equitativas que aseguren la viabilidad del comercio formal en el país.

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