La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados retomará este martes el proceso contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, en una nueva jornada de audiencias en la que el fiscal federal Carlos Stornelli ya avisó que no asistirá personalmente y expondrá en forma escrita.

Stornelli había sido convocado como testigo para exponer los motivos por los que pidió el cierre de la causa que había sido iniciada para investigar los presuntos chats filtrados entre el secretario del presidente del máximo tribunal, Silvio Robles, y el ministro de Seguridad porteño en uso de licencia Marcelo D’Alessandro.

Sin la presencia del fiscal, la comisión que preside Carolina Gaillard, del Frente de Todos (FdT), continuará a partir de las 13 con el análisis de las pruebas y testimonios contra el accionar de la Corte, como parte de las audiencias que lleva adelante ese cuerpo desde fines de enero, luego de que el presidente Alberto Fernández y una decena de gobernadores impulsaran el juicio político contra los jueces Horacio Rosatti -titular del máximo tribunal del país-, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti

La comisión convocó también para esta jornada a la titular de la fiscalía federal 1 de La Plata María Roteta, al exsenador nacional por la UCR y extitular de la Unidad Fiscal AMIA Mario Cimadevilla y al secretario judicial número 4 de la Corte Sergio Nápoli.

La semana pasada no hubo reunión de la comisión ya que se dispuso postergar la convocatoria de modo tal de poder enviar y esperar respuestas de los oficios a los nuevos testigos, que a partir de ahora se agruparán en tandas de cuatro o cinco para evitar que se sucedan extensas jornadas, como la última, que superó las siete horas y media.

Posible cuestionamiento al juez Sergio Ramos

No se descarta que en esta audiencia las autoridades de la comisión pidan que se remitan a la Justicia los dichos ante ese cuerpo del juez federal Sebastián Ramos «para que se evalúe si hubo falso testimonio».

Ramos, junto al juez Alejo Ramos Padilla, brindaron testimonio el pasado 23 de febrero ante la Comisión de Juicio Político, en la primera de las audiencias testimoniales.

Ramos fue quien archivó desde los tribunales federales de Comodoro Py, y a instancias de Stornelli, una denuncia vinculada a unos chats que involucran a D’Alessandro con Robles, bajo el argumento de que los elementos probatorios incorporados a la denuncia podrían haber sido obtenidos «mediante maniobras organizadas basadas en actividades de inteligencia ilegal».

La ausencia de Stornelli

El fiscal federal Carlos Stornelli había anticipado a la Procuración General de la Nación su decisión de dar testimonio por escrito ante la Comisión de Juicio Político de Diputados, lo que significa que no se presentará personalmente ante los diputados nacionales que integran la comisión.

La comparecencia del titular de la fiscalía federal N° 4 de los tribunales federales de Comodoro Py había sido reclamada y aprobada por la mayoría del Frente de Todos en la comisión de juicio político en el marco del proceso que se le sigue a los cuatro integrantes del máximo tribunal.

La convocatoria fue a los fines de que Stornelli explique los pormenores del dictamen con el que promovió el archivo de la denuncia judicial por las supuestas conversaciones filtradas entre el ministro de Justicia y Seguridad porteño en uso de licencia, Marcelo D’Alessandro, y el asesor del presidente de la Corte Horacio Rosatti, Silvio Robles.

La notificación para que Stornelli compareciera al Congreso le llegó el miércoles 1º de marzo y allí se le citó el pasaje del reglamento de la comisión de Juicio Político en el que se aclara que su asistencia no es opcional y que no rige para esta convocatoria la excepción que prevé el Código Procesal Penal para magistrados, a los que se habilita a declarar por escrito o en su lugar de trabajo.

«Los magistrados y funcionarios indicados en el artículo 250 del Código Procesal Penal, con excepción del presidente y vicepresidente de la Nación y los gobernadores y vicegobernadores de las provincias, estarán igualmente obligados a comparecer ante la Comisión (de Juicio Político) a testimoniar», reza el reglamento que se citó en la convocatoria.

En el mismo oficio, se aclaró: «Cuando la Comisión hubiera dispuesto la comparecencia de alguna de estas personas a declarar como testigo y las mismas injustificadamente no concurrieran, se remitirán los antecedentes del caso a los organismos que ejerzan autoridad disciplinaria sobre ellas, a los fines que correspondan, sin perjuicio de las responsabilidades penales y políticas que la Comisión entienda que puedan corresponder por la incomparecencia».

Stornelli es el fiscal que, con su dictamen y en plena feria judicial, promovió el archivo de la denuncia presentada por el abogado Gastón Marano (exasesor del senador nacional de Juntos por el Cambio Ignacio Torres en la comisión bicameral de Inteligencia y defensor de uno de los imputados por el intento de homicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner) para que se investiguen los mensajes atribuidos a Robles y D’Alessandro.

De los chats de Telegram filtrados surge que el asesor de Rosatti y el ministro porteño dialogaban sobre temas vinculados a los casos «Coparticipación» y «Consejo de la Magistratura» cuando estos ya estaban bajo estudio de la Corte Suprema de Justicia.

«No puedo dejar de advertir la existencia de obstáculos legales insalvables que impiden ingresar en un análisis sobre el fondo de los hechos investigados», sostuvo Stornelli el 12 de enero, cuando promovió el archivo de la denuncia del abogado Marano y otro casi calcada presentada por otro abogado que se había acumulado en el mismo expediente.

«Ello pues, del análisis de ambas denuncias que nos ocupan no se observa la existencia de ningún otro medio o elemento autónomo y autosuficiente distinto de aquellas supuestas comunicaciones que, conforme los alcances del objeto procesal de la citada causa CFP 4/2023, podrían haber sido obtenidas ilegalmente, producto quizás de actividades de inteligencia ilegal», sostuvo el fiscal, sin proponer medida de prueba alguna ni explicar es que se basaba su hipótesis del espionaje ilegal.

Los reparos que puso Stornelli para solicitar el archivo de aquella denuncia «no los tuvo cuando impulsó la investigación de los Cuadernos, ni cuando denunció la supuesta operación ‘Puf Puf’ (que, decía, tenía por objetivo afectar el caso de los Cuadernos) con desgrabaciones de escuchas que le llegaron, supuestamente, de forma anónima a la puerta de su despacho», cuestionó un abogado que siguió en detalle los tres casos.

Stornelli fue convocado a la Comisión de Juicio Político después de que por allí pasara el juez federal Sebastián Ramos, que fue quien, en rigor, archivó la denuncia promovida por el abogado Marano: el magistrado aseguró ante los legisladores que para tomar la decisión debió basarse en el dictamen fiscal, porque este no dejaba otro camino posible.

El eventual ‘faltazo‘ de Stornelli ante la Comisión de Juicio Político repetirá una práctica a la que el fiscal ya recurrió ante una convocatoria a declarar.

Su nombre ocupó titulares de diarios durante nueve meses cuando faltaba una y otra vez a las citaciones del entonces juez federal de Dolores y hoy juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, para indagarlo en el marco del denominado caso D´Alessio.

En aquel caso el fiscal fue convocado por un juez y no por el Congreso y la convocatoria era como imputado y no como testigo: después de seis citaciones el fiscal compareció ante Ramos Padilla, quien finalmente lo procesaría en la causa en la que se investigaban supuestas maniobras tanto de espionaje como de extorsión, y que tenía como protagonista al falso abogado Marcelo Sebastián D’Alessio.