En la Comisión de Legislación General de la Cámara baja expresaron su opinión representantes de asociaciones de inquilinos, martilleros, inmobiliarias y propietarios, así como funcionarios de Defensa del Consumidor.

La Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados realizó una nueva ronda de consultas sobre la reforma a la ley de alquileres, en la que persistieron profundas diferencias ya que mientras las entidades de defensa de los inquilinos piden mantener la actual norma, los martilleros, corredores inmobiliarios y propietarios piden cambiar la extensión de los contratos y su actualización anual.

Durante la reunión de la comisión -que conduce Cecilia Moreau (Frente de Todos)- expusieron treinta invitados de asociaciones de inquilinos de todo el país, martilleros, inmobiliarias y propietarios, así como funcionarios de defensa del consumidor, y mañana se efectuará la última reunión informativa con otros sectores del mercado inmobiliario.

«Si mañana (por el miércoles) la evaluación de los diputados es que hagamos otra reunión más lo vamos a charlar y estableceremos una fecha, sino la semana que viene nos abocaremos a la discusión de un dictamen», afirmó Moreau, al abrir el debate.

El Frente de Todos y Juntos por el Cambio acordaron en los primeros días de abril analizar durante 30 días hábiles las reformas que se deben efectuar a la ley sancionada en 2020 ante la reducción de una oferta para alquilar, con el fin de aprobar una nueva iniciativa en la primera quincena de mayo.

El primero en exponer fue Federico Priori de Inquilinos Agrupados de Neuquén, quien sostuvo que «el que debe equilibrar esa relación asimétrica entre inquilinos y propietarios es el Estado» y planteó que «acá se van a disputar dos modelos: uno tiene que ver con la intervención del Estado y otro que directamente las leyes del mercado nos gobiernen», a la vez que se pronunció a favor de «defender el ajuste anual y los contratos de 3 años».

Por su parte, la investigadora Laura Ceroli, docente de Planificación Urbana, consideró que la actual ley «es perfectible» y destacó la importancia de «mantener contratos de 3 años, reemplazar el índice de actualización por uno más representativo que abarque a toda la población inquilina, así como la penalización para propietarios de viviendas ociosas».

También, Javier Grandinetti, de la Cámara de Empresas Inmobiliarias de Rosario, sostuvo que «el derecho a la vivienda es un derecho constitucional, que debe tener respuestas por parte del Estado. La vivienda tendría que ser una política de Estado» y destacó la importancia de buscar «una política de créditos para que los inquilinos vuelvan a ser propietarios y una política para incrementar la oferta».

En tanto, el director del programa de atención a inquilinos de la Defensoría del Pueblo de CABA, Fernando Muñoz, aseguró que si hay contratos más cortos como piden las inmobiliarias habrá «comisionistas felices e inquilinos más pobres ya que una reforma en este contexto, sería para que los inquilinos paguen más y los comisionistas hagan negocios».

Por su parte, el titular de la Asociación Acción y Defensa del Consumidor e inquilino, Exequiel Vergara, señaló que hoy los inquilinos se encuentran en una situación «vulnerable» ya que la ley actual tiene dos artículos que «se advertía que iban a fracasar porque el tema del plazo de tres años que podía ir en beneficio de los inquilinos no se trabajó con otras normas complementarias»

Vergara dijo que la ley de alquileres tuvo como consecuencia que «en la práctica se retiren las viviendas» y criticó el sistema de actualización al sostener «es una ingenuidad poner este sistema en la economía más inflacionaria del mundo»

En tanto, Alicia Espinoza del Frente Barrio 31 señaló que la «vivienda debería ser un derecho para las mayorías populares y no el negocio de unos pocos, por eso seguiremos en la calle luchando hasta que se escuche nuestro reclamo, porque no tener una vivienda digna también es violencia».

Por su parte, el representante de la Asociación de Defensa del Inquilino, José Griselli señaló que «el camino a seguir es el del consenso, que todos trabajen de manera sensata». «Tenemos la oportunidad de sostener esos puntos que sí funcionaron y modificar aquellos que nos llevaron a esta situación», agregó.

A su vez, Lucas Stevani del Polo Obrero de La Plata señaló que «es necesario un plan de obras y de viviendas populares, la urbanización de los barrios y asentamientos, la creación de un banco de tierras y la generación de un impuesto a la vivienda ociosa».

En tanto, Alejandro Bennazar de la Cámara Argentina Inmobiliaria dijo que esta ley «afectó a todos por igual porque es necesario entender a las dos partes y es necesario cuidar la relación entre inquilinos y propietarios y darle solución a un tema preocupante como es la vivienda».

Bennazar señaló que hace un tiempo una propiedad que se ofrecía en alquiler «tardaba 15 días en ser alquilada y ahora sale en minutos y eso es por la falta de oferta de viviendas».

La ley de alquileres fue aprobada por la Cámara de Diputados en noviembre de 2019 y convertida en ley por el Senado el 11 de junio de 2020, en el primer período de aislamiento por la pandemia de coronavirus.

A menos de dos años de su sanción y de un año de su implementación, la norma generó muchas dificultades para que los inquilinos puedan alquilar una propiedad y las cuestiones más objetadas pasan por los plazos de los contratos que se extendieron a un mínimo de tres años.

También tuvo diferentes cuestionamientos el índice de actualización de los contratos, basado en un promedio entre el Índice de Precios al Consumidor y el salario promedio.

FUENTE:TELAM