El informe de la AGN detalla que la prórroga de la concesión, que se extendió de 2028 a 2038, se realizó al margen de los estándares regulatorios previstos, omitiendo pasos legales obligatorios y la intervención de los órganos competentes. Se destaca la falta de transparencia y la ambigüedad en los planes de inversión exigidos al concesionario, así como la ausencia de documentación respaldatoria clave en el expediente oficial. Esta situación podría llevar a que, en febrero de 2028, las 35 terminales aéreas del país regresen a manos del Estado, lo que abriría la posibilidad de una nueva licitación abierta y competitiva.

La urgencia del Ejecutivo nacional por asegurar una megaextensión de 40 años, respaldada en actas secretas firmadas por la cúpula del ORSNA, se explica por la necesidad de garantizar la continuidad del negocio y una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 16,45%. Sin embargo, estas acciones están bajo la lupa de la Justicia, que investiga la independencia del organismo de control frente a la empresa concesionaria. En resumen, el informe de la AGN pone en riesgo la prórroga de Aeropuertos Argentina al revelar irregularidades en el proceso y cuestionar la legalidad de los acuerdos alcanzados.

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