La resolución de la Cámara Federal se basa en la incertidumbre existente respecto al origen de los audios que dieron inicio a la investigación. Los jueces Boico e Irurzun consideraron que la falta de claridad sobre la procedencia de las grabaciones invalida el rechazo de la nulidad dictado en primera instancia. Por lo tanto, ordenaron al juez de primera instancia Sebastián Casanello identificar el origen de las grabaciones, analizar su veracidad y despejar los interrogantes pendientes antes de pronunciarse nuevamente sobre la nulidad. Los abogados de los imputados habían cuestionado la validez de los audios, sugiriendo que podrían ser falsos, adulterados o producto de inteligencia artificial, y alertaron sobre una supuesta violación al derecho a la intimidad.

En contraste, el camarista Eduardo Farah votó en disidencia y propuso confirmar la decisión de primera instancia. Consideró que, más allá de las dudas sobre la autenticidad de los audios, su contenido aporta datos verosímiles y concretos sobre supuestas maniobras ilícitas en ANDIS que justifican la investigación. Farah argumentó que, si hubo irregularidades en la obtención de los audios, estas deberían evaluarse como cuestiones de valor probatorio y no como nulidades. Con la decisión de la mayoría, el expediente vuelve al Juzgado 11 para verificar el origen de los audios, analizar su autenticidad mediante peritajes y reevaluar la nulidad una vez obtenida esa información, manteniendo abierta la investigación penal.

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