La reforma laboral aprobada por Diputados en Argentina contempla la disolución de 80 juzgados laborales de primera instancia y 10 salas de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que serían reemplazados por apenas una decena de juzgados en los tribunales porteños. Esta medida, según críticos como la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), busca garantizarse tribunales afines que avalen recortes de derechos laborales y prioricen los intereses empresariales. La CGT y otros sectores se han movilizado en contra de esta medida, argumentando que debilitará la protección de los trabajadores y limitará el acceso a una justicia especializada.

La iniciativa también contempla que los juicios laborales por cuestiones individuales se tramiten en la justicia laboral porteña, que aún no existe, mientras que los relacionados con derechos colectivos irían al fuero Contencioso Administrativo federal, que carece de especialización en materia laboral. Si esta medida prospera, el fuero laboral actual dejaría de recibir causas y solo funcionaría como tribunales residuales. La propuesta ha generado protestas y cese de tareas por parte de jueces, trabajadores, sindicatos y abogados, quienes argumentan que esta reforma precarizará la justicia laboral en Argentina.

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