El secretario general de la Bancaria, Demian Ledesma, denunció que el cierre de sucursales y la reducción de personal forman parte de un plan de vaciamiento que podría desembocar en la privatización del banco. En Necochea y otras localidades, crece la incertidumbre.

En medio de una fuerte reestructuración impulsada por el Banco de la Nación Argentina (BNA), diversas voces del ámbito sindical expresaron su preocupación por los efectos sociales y económicos que podrían derivarse de los recortes implementados por la entidad. El secretario general de la Bancaria, Demian Ledesma, aseguró que la decisión de cerrar sucursales alquiladas y reducir personal pone en riesgo la banca pública y se enmarca en una estrategia de vaciamiento que apunta a la privatización del banco.

Desde el BNA se informó que las medidas forman parte de su Plan Estratégico 2024-2027, que contempla una reducción de 769 a 709 puntos de atención en todo el país, con el objetivo de optimizar recursos, aumentar rentabilidad y avanzar en la digitalización de los servicios. La entidad proyecta un ahorro de 836 millones de pesos en 2025, producto de este ajuste.

El banco explicó que más del 98% de sus transacciones ya se realizan por medios digitales, por lo que se considera viable el cierre de sucursales físicas en zonas donde se justifique. También anunció la transformación de los Centros de Atención PyME, donde serán los agentes del banco quienes se acerquen a los clientes, y no al revés.

No obstante, desde el gremio bancario se lanzó una dura crítica a estas decisiones. “Hoy nos informaron que el banco cerrará todas las sucursales que no cuenten con edificio propio. Esta es una señal clara de vaciamiento”, señaló Ledesma en medios locales. También detalló que los retiros anticipados de empleados mayores de 50 o 53 años han disminuido sensiblemente la capacidad operativa.

El referente sindical subrayó que las sucursales de Fernández, La Dulce, Orense y San Cayetano se encuentran en la mira de la gerencia debido a su baja rentabilidad, lo que podría significar su cierre inminente. “La rentabilidad no puede ser el único criterio en un banco público que históricamente ha estado al servicio del desarrollo local y la inclusión financiera”, sostuvo.

Ledesma fue aún más enfático al señalar que esta reestructuración encubre un proceso de privatización progresiva, en sintonía con la política económica del actual gobierno nacional. “Estamos siendo testigos de cómo se vacía el banco para entregarlo a manos privadas, en detrimento de los sectores más vulnerables y de las pymes que dependen del financiamiento estatal”, advirtió.

Desde el Banco Nación, en tanto, se insiste en que las decisiones tomadas responden a una necesidad de modernización, eficiencia y competitividad en un contexto económico complejo, y se reafirma el compromiso con mantener el liderazgo del banco en el sistema financiero argentino.

El debate, sin embargo, está abierto. Mientras desde el gobierno y el banco se habla de eficiencia y digitalización, desde el sindicalismo y distintos sectores sociales se perciben los cambios como un retroceso en materia de soberanía financiera y justicia social. El destino de las sucursales en las pequeñas localidades y el futuro de cientos de trabajadores siguen siendo una incógnita.