La convocatoria a la marcha surge en respuesta al proyecto de ley de emergencia en discapacidad impulsado por el oficialismo, el cual ha generado preocupación en las organizaciones del sector. El texto del proyecto ha sido criticado por no representar una mejora con respecto a la legislación previa y por encerrar riesgos de retroceso en materia de derechos y sostenibilidad del sistema. Las organizaciones exigen que cualquier modificación normativa tome como base los derechos consagrados en la Ley 27.793, y han destacado que el proyecto oficial debilita resguardos fundamentales para la continuidad de los servicios. La movilización busca visibilizar la necesidad de dotar de previsibilidad al sistema y evitar que las políticas públicas queden sujetas a la discrecionalidad de los funcionarios de turno o a recortes presupuestarios encubiertos.

El malestar de las instituciones se fundamenta en un análisis técnico del dictamen parlamentario, que ha identificado siete objeciones clave al articulado oficial. Estas objeciones incluyen la necesidad de mantener el carácter permanente del interés público nacional para las prestaciones de la Ley 24.901, ratificar los requisitos de acceso a las pensiones no contributivas por ley, asegurar un presupuesto adecuado y una actualización automática trimestral, garantizar la cobertura total de las prestaciones del programa Incluir Salud, entre otras demandas. Frente a esta situación, las familias y las instituciones del sector se mantendrán concentradas en las inmediaciones del Congreso para exigir una prórroga con respaldo presupuestario real y pleno respeto por los derechos conquistados.

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