Afectan tanto al aire como al agua subterráneaPozos «olvidados»: Una fuente de contaminación subestimada
16 septiembre, 2024
La falta de cumplimiento de los plazos normativos establecidos para el correcto abandono de pozos petroleros supone potenciales daños ambientales, que afectan tanto al aire como al agua subterránea.
Neuquén cuenta con casi 19.000 pozos hidrocarburíferos, con perforaciones que se remontan al año 1915, comenzando con el pozo YPF.Nq.-1 en Campamento Uno. Estos pozos se distribuyen a lo largo del territorio provincial, concentrándose especialmente en las zonas de Cutral Co-Plaza Huincul, norte de Plottier, Añelo y Rincón de los Sauces.
Cada pozo tiene un legajo detallado que documenta su historial operativo, características constructivas, y las formaciones geológicas atravesadas. Dentro de esta información se incluye la aislación correspondiente a la cañería y la cementación, cruciales para prevenir el contacto entre el interior del pozo y el exterior.
La correcta aislación, en vigor desde 1933 mediante el Decreto N°33598/33 en su apartado «Aislación de Aguas», es esencial para evitar la contaminación de napas de agua potable durante la perforación por gases, petróleo, o aguas no potables. El abandono de pozos se exige, además, por su improductividad.
El abandono adecuado de los pozos es vital desde un punto de vista ambiental, sobre todo para la protección del agua subterránea. Un pozo mal abandonado o «olvidado», como suele ocurrir, puede convertirse en un canal de comunicación entre capas profundas que contienen hidrocarburos o aguas salinas y los acuíferos más superficiales, que suministran agua potable.
Esto conlleva el riesgo de contaminación de las fuentes de agua subterránea, afectando su calidad y haciéndola inadecuada para el consumo humano, agrícola o industrial. Además, un pozo mal sellado podría estar emitiendo metano, un potente gas de efecto invernadero, lo que agrava el impacto ambiental.
El abandono técnico de los pozos implica un sellado eficiente y duradero que aísle las formaciones geológicas con agua subterránea de aquellas con hidrocarburos o aguas no aptas para el uso humano, protegiendo así los acuíferos y minimizando los riesgos para las generaciones futuras.
Esto es crucial en una región como Neuquén, donde la explotación de hidrocarburos se desarrolla en cuencas hídricas de gran magnitud y calidad.
Según datos oficiales, Neuquén cuenta con aproximadamente 19.000 pozos hidrocarburíferos, de los cuales unos 6,500 están en producción. El resto se clasifican como inactivos, a abandonar, en abandono transitorio, abandonados, o en estudio, a menudo permaneciendo en estas categorías durante décadas, a pesar de que los plazos normativos para el abandono son claros cuando no existe interés económico en los mismos.
De los 3.058 pozos declarados como abandonados, solo 1.347 han seguido el procedimiento de abandono adecuado. De estos, 693 fueron abandonados entre 1923 y 2006, sin aplicar el Decreto 1631/06, que establece el procedimiento correcto. Desde la aplicación de dicho decreto, solo 654 pozos han sido abandonados de manera técnica definitiva, representando un escaso 3,4% del total de pozos construidos en la provincia.
Cómo es el marco normativo del abandono de pozos
El marco regulatorio en Neuquén define claramente las obligaciones legales y ambientales que las empresas deben cumplir para asegurar una gestión segura y responsable de los pozos de hidrocarburos. Las normativas se centran en evitar que los pozos en desuso se conviertan en pasivos ambientales, asegurando que las actividades de abandono se realicen según los más altos estándares técnicos.
Las leyes provinciales, como la Ley de Hidrocarburos y su reglamentación a través del Decreto 3124/2004, establecen que el abandono de pozos es una obligación que debe cumplirse antes de revertir el área al Estado provincial.
El Artículo 36 del Decreto especifica que no se permitirá la reversión del área sin completar el proceso de abandono, ejecutado conforme a las normas de seguridad y protección ambiental. Este proceso incluye la remediación de cualquier daño ambiental, asegurando que las instalaciones no dejen rastros que puedan afectar el entorno futuro.
La Ley Provincial de Ambiente N° 1875 refuerza esta obligación, estableciendo que las empresas deben asumir la responsabilidad total por cualquier daño ambiental causado durante sus operaciones, incluyendo la etapa de abandono.
La normativa exige medidas exhaustivas para eliminar cualquier riesgo ambiental, asegurando que el entorno sea restaurado a un estado seguro y estable. Esto incluye realizar un análisis de impacto ambiental, aprobar un plan de gestión ambiental, y asegurar que todas las actividades cumplan con las regulaciones ambientales vigentes.
La Resolución 319/1993 de la Secretaría de Energía obliga a las empresas a declarar el estado de sus pozos, lo que facilita la supervisión y el control sobre su situación y las actividades de abandono. Cumplir con esta normativa es esencial para asegurar que las empresas cumplan con sus responsabilidades.
La Resolución 5/1996 establece procedimientos técnicos específicos para el abandono de pozos, diferenciando entre abandono temporario y definitivo. Obliga a las empresas a aplicar técnicas de sellado y remediación dependiendo de las características del pozo, y a presentar informes detallados que certifiquen que el abandono ha sido realizado correctamente. Esto asegura que los pozos no representen riesgos futuros para el medio ambiente ni para las comunidades cercanas.
El Decreto 1631/2006 complementa estos lineamientos, adaptando las normativas nacionales al contexto provincial y estableciendo procedimientos específicos para la gestión del abandono de pozos. También subraya la importancia de realizar controles periódicos en los pozos abandonados temporalmente, garantizando su integridad y seguridad.
Plazos para realizar el abandono de pozos
Los plazos para el abandono de pozos petroleros que no ofrecen interés comercial y han sido clasificados como «A Abandonar» o «Inactivos», varían según la proximidad y el riesgo que representan.
Para los pozos cercanos a zonas urbanas, el plazo es de tres meses, con la posibilidad de extenderlo por otros tres meses previa justificación y aprobación del Ministerio de Energía y Ambiente.
Los pozos ubicados en áreas más alejadas tienen un plazo de seis meses, con la opción de extenderlo por otros seis meses bajo las mismas condiciones.
Riesgos de los pozos sin abandono técnico adecuado
Los pozos que no se abandonan de manera técnica adecuada presentan riesgos ambientales y de seguridad significativos. La interconexión de capas geológicas es uno de los peligros más críticos, donde capas productoras de hidrocarburos pueden conectarse con acuíferos de agua dulce a través de vías de perforación. Esto puede llevar a la contaminación directa de fuentes de agua potable, causando daños irreversibles al ecosistema.
Además, la cementación deficiente o deteriorada puede resultar en fugas de hidrocarburos, gas, o agua salada hacia acuíferos, agravando los riesgos de contaminación. Las cañerías corroídas también pueden llevar a fugas de fluidos peligrosos y al colapso estructural del pozo, exacerbando los riesgos.
Otros riesgos incluyen la sismicidad inducida por la inyección de fluidos en pozos sumideros y el impacto ambiental por fugas de metano, un potente gas de efecto invernadero. Estos peligros subrayan la importancia de un abandono técnico adecuado para minimizar los impactos negativos en el ambiente y proteger la salud pública.
Cómo es el procedimiento de abandono de pozos
El Decreto 1631/06 establece un procedimiento riguroso para el abandono de pozos hidrocarburíferos, minimizando riesgos ambientales y cumpliendo con las normativas de seguridad. El abandono puede ser temporario o definitivo, y en ambos casos es obligatorio aislar las capas geológicas permeables mediante tapones de cemento. El decreto especifica la colocación de un mínimo de dos tapones de cemento, además de la realización de inspecciones para verificar la hermeticidad del pozo.
Las empresas deben presentar un cronograma detallado de las actividades de abandono y cumplir con los plazos establecidos. La Secretaría de Estado de Energía y Minería supervisa el cumplimiento de estos procedimientos y puede imponer sanciones en caso de incumplimiento.
Cumplir con estos procedimientos es esencial para evitar que los pozos abandonados se conviertan en pasivos ambientales que puedan afectar la seguridad y el entorno, garantizando así un manejo responsable y sostenible de los recursos hidrocarburíferos en Neuquén.
Fuente: Energía ON – Diario Río Negro