La medida se tomó luego de la presentación de un habeas corpus colectivo presentado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura. En la información relevada, el juez Jorge López constató que en estas dependencias policiales ya se registraron hasta el momento más de 580 casos positivos de coronavirus: 447 policías y 134 personas detenidas. Además se registraron 3 muertes.

El Juzgado de Garantías N° 1 de Lomas de Zamora, a cargo del Juez Jorge López, ordenó a los ministerios provinciales de seguridad y salud desplegar un dispositivo de atención médica y testeo exhaustivo de coronavirus en las comisarías de Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Almirante Brown, Esteban Echeverría y Ezeiza. La medida se tomó luego de la presentación de un habeas corpus colectivo presentado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura.

Tanto la presentación de la CPM como el fallo judicial reconocen el agravamiento de las condiciones de hacinamiento e índices de sobrepoblación del 1500% en las dependencias policiales durante la pandemia. En la información relevada antes de decidir sobre el habeas, el juez Jorge López constató que en estas dependencias policiales ya se registraron hasta el momento más de 580 casos positivos de coronavirus: 447 policías y 134 personas detenidas. Además se registraron 3 muertes: dos efectivos policiales y un detenido que presentaba antecedentes de diabetes y epilepsia. Además, otro policía se encuentra en estos momentos en estado crítico.

En su resolución, el juez de garantías reconoció la enorme gravedad de la situación que calificó de crisis humanitaria: “las deplorables condiciones edilicias (falta de ventilación, escasa iluminación, falta de higiene); falta de alimentación; de camastros y sus respectivos colchones ignífugos; atención médica; lo cual contraría las más elementales normas de derechos humanos, prescriptas en las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos de la Organización de Naciones Unidas”.

También recordó que la Corte bonaerense, al inicio de la pandemia, había reclamado que se adopten en lugares de encierro las medidas sanitarias recomendadas por organismos internacionales; sin embargo, la carencia de infraestructura y las condiciones de hacinamiento y sobrepoblación que, incluso, se agravaron exponencialmente en las comisarías bonaerenses durante estos meses de pandemia hizo impracticable cualquier política de prevención.

“Actualmente, el Ministerio de Seguridad bonaerense no sólo no publica ningún informe actualizado sobre la cantidad de detenidos y detenidas que se encuentran alojadas en sus estaciones policiales sino que tampoco sobre el estado de situación y partes epidemiológicos diarios que den cuenta de los casos positivos detectados y los operativos sanitarios desplegados”, expresaron desde la CPM.

“Asimismo, no existen en las dependencias policiales ámbitos físicos disponibles para el cumplimiento de cuarentena al ingreso, o que permitan aislar a una persona ante la existencia de síntomas compatibles con el Covid-19 que configuren un caso sospechoso. Ante esta situación, se terminaron usando cocinas, calabozos de contraventores que no poseen baño ni ventilación u oficinas administrativas como lugares de alojamiento de personas”, denunciaron.

“Es necesario, tomar medidas urgentes para evitar la propagación de los contagios en cárceles y comisarías y garantizar la atención médica y sanitaria de las personas detenidas. Pero es sólo una parte: la pandemia vino a visibilizar una crisis humanitaria en los lugares de encierro que tiene larga data y que fue desoída por los distintos gobiernos provinciales”, finalizaron. (InfoGEI)