Se trata de la retención por parte de rondas, de dos periodistas y ocho labriegos acusados de brujería. Diversas fuentes rechazaron lo que definieron como “secuestros”, mientras que algunos dirigentes ronderos marcaban distancia frente a los dos hechos.

La retención por parte de grupos de campesinos peruanos, conocidos como rondas, de dos periodistas de televisión y ocho labriegos acusados de brujería generó una polémica esta semana con estas agrupaciones, nacidas en la década de 1970 para enfrentar a la delincuencia con protección estatal.

Diversas fuentes, incluidos portavoces del Gobierno como el ministro del Interior, Mariano González, rechazaron lo que definieron como “secuestros”, mientras que algunos dirigentes de las rondas marcaban distancia frente a los dos hechos, sin vínculo entre sí.

La polémica se dio además en momentos en que el Congreso, por iniciativa de parlamentarios de derecha y algunos del oficialismo, aprobó una ley para fortalecer las organizaciones de “autodefensa”, entre las que eventualmente podrían estar esos grupos campesinos.

“Las rondas no hacemos este tipo de cosas, porque todas las personas, más si son periodistas, tienen derecho a estar donde sea”, dijo el presidente de las Rondas Campesinas de (el departamento de) Cajamarca, Justo Vargas, uno de los que rechazó la retención del reportero Eduardo Quispe y el camarógrafo Elmer Valdiviezo.

“Se va a demostrar jurídicamente que las rondas no han cometido ningún delito de secuestro. No es correcto que nos digan secuestradores”, replicó sin embargo el líder de la Central Única de Rondas Campesinas de Perú, Santos Saavedra, quien atribuyó las acusaciones al “odio visceral” de las élites contra las organizaciones populares.

“La Constitución señala que las rondas tienen función jurisdiccional, pueden detener, investigar y condenar, respetando los derechos fundamentales de las personas. Ese es el límite y nuestra organización lo respeta”, dijo Saavedra.

Quispe y Valdivezo, del canal América, fueron intervenidos por ronderos en Chadín, localidad rural de la provincia de Chota (Cajamarca), en el norte del país, donde investigaban un supuesto hecho de corrupción protagonizado por una cuñada del presidente Pedro Castillo.

Después de varias horas, los periodistas fueron liberados tras leer un documento, redactado por Quispe, en el que se retractan de sus informes, se disculpan por lo ocurrido y declaran haber recibido buen trato. Ya en Lima, el reportero dijo que elaboró el texto para recuperar la libertad.

Los ronderos de la zona aseguran que los enviados no fueron retenidos por sus despachos sino porque no reportaron su presencia e hicieron grabaciones pese a advertencias, lo que según ellos los facultaba legalmente para actuar. Además, negaron cualquier intención de favorecer al presidente.

Los medios de Lima, que en su inmensa mayoría mantienen una línea editorial de oposición, cerraron filas, con América a la cabeza, para repudiar lo acontecido e insinuar que Castillo podría estar detrás, algo tajantemente negado por el Gobierno. Las organizaciones gremiales de la prensa también protestaron.

Cuando la polémica no cesaba, se conoció que ronderos de la localidad de Chillia, en la provincia Pataz, del departamento de La Libertad, retuvieron durante 13 días a siete mujeres y un hombre acusados por vecinos de practicar brujería.

Según familiares del hombre de 43 años y las mujeres de entre 45 y 79, los acusados fueron golpeados, torturados y humillados para que reconocieran sus supuestos delitos, entre los que estaban envenenar a personas con saliva de sapo, colocar preparados en el suelo para hacerles daño a quienes los pisaran o causar enfermedades con rituales.

Los campesinos fueron finalmente liberados con la condición de que no presentaran denuncias, según el Defensor del Pueblo de La Libertad, José Luis Agüero, quien confirmó que hubo maltratos sin considerar siquiera que cinco de las retenidas eran de la tercera edad.

El jefe rondero local, Manuel Quijano, aseguró que algunas mujeres reconocieron culpa.

De todas formas, el líder departamental, Pablo Haro, calificó los hechos como “repudiables” y exigió que los responsables “den la cara”.

“Eso nunca había pasado”, señaló Haro sobre “castigos” como desnudar a las ancianas en público.

Cómo operan las rondas

Las rondas campesinas nacieron en Chota para enfrentar a ladrones de ganado y lograron importantes triunfos sobre diversas formas de delincuencia. Incluso, en Cajamarca conformaron una vanguardia victoriosa para contener al grupo armado ultraizquierdista Sendero Luminoso.

La reglamentación les entrega a esos grupos facultades para usar la fuerza en situaciones relacionadas con el derecho consuetudinario (regido por la costumbre). A partir de los dos casos, los expertos debaten sobre los alcances de esas disposiciones

“Es cierto que pueden cumplir retención (retener personas), pero el límite que establecen la Constitución, la ley y el reglamento es el respeto por los derechos humanos”, le dijo al diario La República la Defensora del Pueblo, Eliana Revollar.

Para el constitucionalista Omar Cairo, están en un error quienes afirman que las rondas imparten justicia civil y no penal, pues están autorizadas por la Corte Suprema para imponer castigos, aunque no de “violencia física extrema”.

“En un ambiente enrarecido y polarizado como el que estamos viviendo hay que ser cautos y tener información bien precisa, porque se terminará generando la sensación de que las rondas son un problema y terminarán asociadas a un presidente que se presentó como rondero a pesar de no haberlo sido”, dijo el investigador social Eduardo Ballón.

Castillo, campesino de Chota que asegura haber sido rondero aunque paisanos lo desmienten, es un apologista del accionar de esos grupos y en algún momento planteó extender la experiencia a todo el país, aunque no hizo ningún avance.

La iniciativa, aunque en un sentido más amplio, pasó al Congreso, que aprobó la ley -aún no refrendada- para fortalecer “Comités de Autodefensa y Desarrollo Rural” que recibirán armas e instrucción de los militares.

A esa posibilidad se oponen amplios sectores, incluidos el Gobierno y las bases originales de las rondas, que temen que esas autodefensas se pongan al servicio del crimen organizado en un marco en el que la fuerza dejaría de ser un monopolio del Estado.

Para Ballón, en medio del debate “es evidente que empieza a haber terrenos grises que es mejor iluminar antes de descalificar a una organización (las rondas) que fue crucial para la derrota de Sendero” y que “cumple una función social y de control que no admite discusión”.

FUENTE:TELAM/POR GONZALO RUIZ TOVAR