El tribunal consideró que la interrupción del programa sin una alternativa equivalente podría afectar derechos fundamentales de sectores en situación de vulnerabilidad, como el acceso a condiciones dignas de trabajo, seguridad social, un nivel de vida adecuado y el derecho a la salud. Además, se destacó el carácter social de la asistencia brindada por el programa y se cuestionó la propuesta de vouchers orientados a capacitación como reemplazo, señalando que no garantiza la cobertura de las necesidades básicas de los beneficiarios. El fallo resaltó la urgencia de la medida al advertir sobre el peligro inminente de dejar sin ingresos a miles de personas en el corto plazo y consideró verosímil el derecho reclamado por los demandantes, por lo que se decidió hacer lugar a la cautelar.

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