En su resolución, el juez de Garantías 2 de San Isidro, Orlando Abel Díaz dispuso que la causa sea remitida a sorteo para que un Tribunal Oral en lo Criminal de ese departamento judicial juzgue por la muerte del astro del fútbol a los ocho acusados.
Además del médico de cabecera del “Diez”, Luque (40), deberán enfrentar el juicio la psiquiatra Agustina Cosachov (36); el psicólogo Carlos Ángel “Charly” Díaz (30); la médica coordinadora de la prepaga Swiss Medical, Nancy Edith Forlini (53); el coordinador de enfermeros Mariano Ariel Perroni (41), los enfermeros Ricardo Omar Almirón (39) y Dahiana Gisela Madrid (37); y el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna (49).
Según indicó el magistrado, hubo en ellos una “ausencia de interposición de acción salvadora alguna que pudiera evitar el deceso” y una “aceptación interna de los encausados del eventual acaecimiento del resultado finalmente producido”.
En su fallo, Díaz también rechazó una serie de cinco nulidades y planteos de sobreseimiento de las defensas y en el caso de Luque, también lo elevó a juicio por el delito de “uso de documento privado falso”, porque le imputan haber usado una firma falsificada de Maradona para pedir una historia clínica; y a Cosachov por “falsedad ideológica”, ya que se la acusa de haber confeccionado un certificado de aptitud mental de Diego sin ir a visitarlo.
Así, el juez avaló la hipótesis planteada por los tres fiscales de San Isidro que instruyeron la causa, Patricio Ferrari, Cosme Iribarren y Laura Capra, en el requerimiento de elevación a juicio que le presentaron el 13 de abril último.
A todos los imputados, el equipo fiscal especialmente creado para esta causa por el fiscal general de San Isidro, John Broyad, los acusó como coautores de un “homicidio simple con dolo eventual”, tras concluir que el equipo médico de Maradona fue “deficiente”, “temerario” e “indiferente”, que sabía que el “10” podía morirse en el estado en el que se encontraba y que no hizo nada para evitarlo.
Pese a que se trata de un delito que tiene una pena en expectativa de 8 a 25 años de prisión, los fiscales nunca pidieron las detenciones y los ocho acusados llegarán al debate en libertad. (DIB)
