La Ordenanza Municipal Nº 181/26, aprobada recientemente por mayoría en el Concejo Deliberante de General Alvarado, busca regular el servicio de taxis, remisses y aplicaciones de transporte como Uber, Cabify o Didi. La normativa tiene como objetivo principal unificar criterios de seguridad y profesionalismo en el transporte de pasajeros, estableciendo requisitos indispensables para circular. Estos requisitos incluyen poseer licencia de conducir profesional categoría D, un seguro con cobertura para terceros transportados, la Verificación Técnica Vehicular (VTV) específica para transporte de pasajeros y una antigüedad máxima de 15 años para las unidades. Además, se destaca la obligatoriedad de contar con una habilitación municipal anual, presentar un certificado de libre deuda, prohibir los vidrios polarizados y exigir a los choferes contar con certificados de antecedentes penales y mantener una vestimenta adecuada.

La ordenanza establece diferencias en la operatividad en la vía pública según la modalidad de transporte. Los taxis son los únicos autorizados para captar pasajeros en la calle y utilizar paradas oficiales, manteniendo su identificación visual de color blanco con techo rojo. Por otro lado, los remisses y aplicaciones de transporte tienen prohibido levantar pasajeros en la calle sin una contratación previa, la cual debe realizarse por vía telefónica, presencial o mediante las aplicaciones registradas. Para garantizar el cumplimiento de estas reglas, se implementará el uso de obleas identificatorias con códigos QR que permitirán la fiscalización inmediata de los datos del titular y la vigencia de la documentación. Las autoridades de aplicación serán las Direcciones Municipales de Inspección General y de Tránsito, con la facultad de realizar operativos y secuestrar vehículos en infracción. El incumplimiento de las normas puede derivar en multas de hasta 1.000 Unidades Fijas, caducidad de la habilitación o inhabilitación de los conductores. Finalmente, se informa que las ordenanzas anteriores que regulaban los servicios de taxis y remisses de forma separada quedan derogadas, y los prestadores tienen un plazo de 60 días para adecuarse a las nuevas exigencias antes de que comiencen los controles y sanciones efectivas.

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