El proyecto de ley propuesto implica la derogación de varios artículos de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad, lo que retrotrae la legislación al modelo previo a la sanción de la Emergencia. Entre las modificaciones propuestas se encuentra la exigencia de un reempadronamiento obligatorio para los titulares de pensiones por invalidez, quienes deberán acreditar nuevamente su condición médica, situación socioeconómica y antecedentes laborales. Aquellos que no cumplan con este requisito sufrirán una suspensión automática de la pensión y la pérdida del beneficio. También se propone un proceso de fiscalización de los pedidos de pensión que incluirá el cruce de información entre varios organismos públicos.

Además, el proyecto establece un monto fijo para la pensión no contributiva, elimina la posibilidad de otorgar aumentos en concepto de invalidez laboral y de zona geográfica desfavorable, y establece una «incompatibilidad absoluta» con cualquier empleo formal. También se eliminan beneficios para las organizaciones que contrataban personas con discapacidad, así como se introducen cambios en el financiamiento y la organización del sistema. La propuesta busca reforzar los controles sobre la acreditación de la incapacidad y establece consecuencias para el incumplimiento de los plazos y requisitos del reempadronamiento.

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