La Convención Constitucional entregó este lunes el borrador de la nueva Constitución al presidente de Chile, Gabriel Boric, con una serie de cambios respecto de la carta magna vigente, que se sintetizan a continuación.

En el texto de la nueva Constitución que la población deberá aceptar o rechazar en un plebiscito, se destaca el paso de una «república democrática» a una «democracia paritaria», lo que implica que las mujeres ocupen al menos el 50% de todos los órganos del Estado y propone tomar medidas para lograr alcanzar la igualdad sustantiva y la paridad.

La ahora expresidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros, expresó en su discurso que el texto entregado este lunes al presidente es «la primera constitución paritaria del mundo», y remarcó que estuvo presidida por dos mujeres.

La constitución vigente de 1980 no incluye nada relacionado con enfoque de género y paridad, de hecho, lo más cercano a paridad es el artículo que indica que las personas nacen libres e iguales en derechos, norma que fue reformada, ya que previamente sólo hacía referencia a los hombres.

Otro gran cambio que propone el texto es que define a Chile como un Estado Plurinacional e Intercultural, lo que implica el reconocimiento de 11 pueblos y naciones, además de que constituye Autonomías Regionales Indígenas y reconoce los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas, con respeto a la Constitución. La constitución vigente omite totalmente a los pueblos originarios e indígenas.

En cuanto al Sistema Político, también hay cambios importantes, como la disminución de edad de 35 a 30 años para postularse a presidente, además de la reelección consecutiva del propio jefe de Estado por una vez, medida que no será aplicable para Gabriel Boric, sino que entrará en ejercicio para el próximo presidente.

También destaca la eliminación del Senado, órgano que tiene más de 200 años de historia en el país y que será reemplazado por una Cámara de Las Regiones, la que tendrá menor poder que el que tenía antes el Senado y tendría la facultad de formar leyes acotadas a acuerdos regionales.

La Cámara baja pasaría a llamarse Congreso de Diputados y Diputadas y tendría un mayor poder para la formación de leyes, lo que da cuenta de dos cámaras con poder asimétrico.
Uno de los puntos fuertes de la nueva propuesta es la que define a Chile como un «Estado Social y Democrático de Derecho», lo que hace referencia a la serie de artículos que garantizan derechos sociales, como educación, salud, vivienda, trabajo y pensiones.

En esta materia, la constitución vigente le da al sector privado facultades para actuar por sobre instituciones del Estado en la provisión de bienes sociales, mientras que la propuesta de nueva Constitución indica que es deber del Estado procurar soluciones a estos problemas.

La propuesta del texto constitucional incluye además un cambio respecto al aborto, ya que se indica que el Estado debe asegurar las condiciones para un embarazo, parto y maternidad voluntarios y protegidos, y para una interrupción voluntaria del embarazo, mientras que la Constitución vigente de 1980 protege explícitamente «la vida del que está por nacer», aunque esto fue modificado con la aprobación de la interrupción del embarazo en tres causales: inviabilidad fetal, riesgo de vida de la madre y violación.

La propuesta fue criticada en un principio por el sector más conservador, con el argumento de que esta medida implicaba interrumpir el embarazo en cualquier momento, según sus detractores, sin embargo, será un derecho que deberá ser reglamentado por el Poder Legislativo, que dirá cuáles son los plazos y la forma de hacerlo.

Para combatir la crisis hídrica en el país, el texto incluye una gran diferencia respecto a la constitución vigente, ya que el agua quedará establecida como bien «inapropiable», además de establecer un derecho humano al agua, priorizando su uso y creando una Agencia Nacional de Aguas para su uso sostenible.

Estos son algunos de los grandes cambios de la propuesta de constitución que incluye 388 artículos, y que tras ser presentada al presidente del país, Gabriel Boric, el propio mandatario y los ministros Izkia Siches (Interior) y Giorgio Jackson (Secretario General de la Presidencia) firmaron el decreto que establece el plebiscito obligatorio de salida para el 4 de septiembre para personas mayores de 18 años, y en el cual se definirá si este nuevo texto será aplicado.

Ese plebiscito tendrá sólo las opciones de aprobar o rechazar. Esta última, según coinciden varios sondeos de intención de voto, es la que lleva una amplia ventaja.(Télam)