A días de que culmine la última extensión de la cuarentena motivada por el Covid-19, previsto esto para el 17 de julio, y más allá de que es segura una continuidad de las medidas restrictivas para evitar un crecimiento aún mayor de los casos, el gobierno nacional trabaja en paralelo en el país que vendrá.

Toda la dirigencia nacional, sea oficialista u opositora, coincide en que las secuelas de la pandemia se padecerán en el país durante un largo tiempo. Algunos hablan incluso de un par de años. Con ese panorama, la gestión de Alberto Fernández imagina una serie de medidas proactivas para sostener la iniciativa política de la gestión, y buscar dar respuesta a las necesidades de millones de argentinos.

El plan en el que trabaja el presidente y sus principales colaboradores, tiene cinco grandes ejes.

Uno de ellos, es concretar la anunciada reforma previsional. Alberto Fernández no quiere seguir otorgando aumentos a los jubilados y pensionados por decreto. Se buscará que la nueva norma esté vigente para septiembre, para lo cual el proyecto de reforma previsional ingresará al congreso nacional en los próximos días. Dicen algunos voceros que el proyecto de la nueva fórmula se basa en ingresos de la ANSES y evolución salarial.

Otro eje de lo que imagina Alberto Fernández para dinamizar la economía, está centrado en intentar favorecer el consumo. Es un hecho que habrá un relanzamiento del Programa “Ahora 18”, con tres meses de gracia, con lo cual el comprador comenzaría a pagar lo que compra, noventa días después de adquirirlo. También se analiza la posibilidad de que esas compras tengan una devolución total o parcial del IVA.

El tercer punto que estudian las autoridades, tiene que ver con un real impulso a las economías regionales. En este aspecto, el presidente viene dialogando de forma intensa y sostenida con los distintos gobernadores. La intención es dinamizar la economía en el interior del país, planificando medidas puntuales para cada una de las zonas geográficas argentinas. Algo ya resuelto es que se vuelva a imponer el beneficio de menor pago de cargas patronales, a las empresas ubicadas en el NOA y NEA, algo que estuvo vigente hasta diciembre de 2015 y el gobierno de Mauricio Macri eliminó. Además, estudian por estas horas los aranceles de exportación de los productos sensibles de cada zona, con el objetivo de reactivar la industria y que vuelvan a abrir más fábricas que tuvieron que cerrar.

Como cuarto eje de este plan de relanzamiento de la gestión presidencial post pandemia, las autoridades quieren avanzar en un proyecto de blanqueo para quienes resuelvan repatriar capitales radicados en el extranjero, nada nuevo en el país ya que se dispuso esto en innumerables ocasiones pasadas, pero ahora con la novedad de que se incentivará a que los capitales que regresen al país, sean direccionados a la construcción. Esto, persiguiendo la rápida generación de puestos de empleo.

No menos importante, y seguramente polémico por cuanto se descuenta un intenso debate con la oposición, es el quinto eje que piensa impulsar el gobierno nacional. El proyecto de reforma judicial avanza por estas horas a paso firme. Se estima que en dos semanas estará en el Congreso. Con este proyecto se busca el reordenamiento de la justicia federal y se acompañará con un decreto para la creación del Consejo de Mejoramiento de Calidad Institucional, similar al Consejo de Consolidación de la democracia que creó Alfonsín en 1985. Este último estará conformado por un grupo de juristas notables, de diversas ideologías. Tendrán sesenta días para hacer propuestas para temas como composición de la Corte Suprema de Justicia, juicios por jurados, recurso extraordinario y Ministerio Público. Una vez terminadas el presidente las enviará al Congreso.