La implementación de la ley de Inocencia Fiscal ha llevado a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a establecer nuevas normativas y procedimientos para declarar el domicilio fiscal de los contribuyentes. A partir del 2 de marzo, los contribuyentes deberán realizar este trámite de manera digital, y cualquier error formal en la declaración puede resultar en multas que van desde los 150 mil hasta los 35 millones de pesos. Esta medida, plasmada en la Resolución General 5809/2026, ha generado preocupación en el sector tributario debido a la falta de un esquema de graduación diferenciada por categorías de contribuyentes, lo que podría resultar en situaciones de desproporción en las multas impuestas.

El CEO de SDC Asesores Tributarios, Sebastián Domínguez, ha expresado su preocupación por la falta de parámetros objetivos vinculados al tamaño, capacidad económica o volumen de operaciones de los contribuyentes, lo que podría debilitar el principio de razonabilidad en la aplicación de las sanciones. La Resolución 5809/2026 también modifica el procedimiento para declarar el lugar legal donde un contribuyente lleva a cabo sus actividades, estableciendo un plazo de 10 días para informar cualquier novedad, con la posibilidad de subsanar errores en un plazo de 30 días. Además, el organismo podrá limitar los cambios de domicilio en caso de baja calificación en el Sistema de Perfil de Riesgo (SIPER) o limitaciones a través del CUIT del contribuyente.

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