Por su parte, el haber máximo aumentará a $ 155.203,65, mientras que la Asignación por Hijo y la Asignación por Embarazo se ubicarán en $ 4.504 por beneficiario.

Se trata del segundo aumento otorgado tras la sanción -a fines de 2020- de la nueva Ley de Movilidad (N° 27.609), que otorga incrementos trimestrales a partir de una fórmula que combina en partes iguales el avance de la recaudación en términos interanuales y del índice de salarios del sector registrado.

«Esta fórmula comienza a dar sus frutos. El aumento de 12,12 por ciento permitirá que en el segundo trimestre del 2021 la totalidad de las prestaciones se vean incrementadas por encima de la inflación del período”, afirmó la titular del Anses, Fernanda Raverta, en un comunicado.

Al respecto, señaló que tanto el aumento que se dio en el primer trimestre (8,07%) y el anunciado (12,12%) están por encima de los que hubiesen sido otorgados a través de la ley sancionada en 2017 por el gobierno anterior, de 7,18% y 10,33%, respectivamente.

«Esto comprueba que un modelo de país que apuesta al trabajo, al consumo y a la producción mediante un formula que pondera salarios y distribución otorga aumentos por encima de aquella ley del gobierno anterior que contemplaba principalmente la inflación», subrayó Raverta.

Este incremento comprenderá a 8,3 millones de jubilaciones y pensiones, a 9,3 millones de niños, niñas y adolescentes y a más de 800 mil cónyuges que perciben asignaciones.

También impactará en otras Asignaciones Familiares, como la de embarazo, prenatal, nacimiento, adopción y matrimonio.

De esta forma, el haber jubilatorio mínimo ascenderá a partir de junio a $ 23.064,70, un 64% más que el que estaba vigente en diciembre de 2019 al asumir el actual Gobierno, cuando la percepción mínima era de $ 14.067,93.

A esto hay que sumarle el pago de dos bonos de $ 1.500 en los meses de abril y mayo que el Gobierno instrumentó para 4,8 millones de jubilados y pensionados con ingresos de hasta $ 30.856, lo cual incluyó al 70% de las personas del régimen general con una inversión de $ 14.400 millones entre ambos meses.

La legislación sancionada el año pasado establece ajustes a la fórmula previsional en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, en base a una fórmula que aplica un 50% en base a los recursos con destino a la Anses y en un 50% a la evolución del Índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte) que elabora la Seguridad Social y el Índice de Salarios del Indec.

La nueva Ley de Movilidad contempla, entonces, la variación de los recursos tributarios de Anses y el aumento de los salarios en blanco, al igual que la fórmula que rigió entre 2008 y 2017, y reemplaza a la fórmula utilizada durante el gobierno de Mauricio Macri, que fijó a la evolución de la inflación como eje de ajuste.

Con el inicio de su aplicación este año se puso fin a los aumentos por decreto definidos por el Gobierno Nacional en 2020 a partir de la Ley de Emergencia en materia económica, financiera, fiscal, previsional, sanitaria y social, sancionada el 23 de diciembre de 2019.

Según la Anses, la capacidad de compra del haber mínimo creció más de un 25% entre 2008 y 2017, mientras que con la fórmula aprobada en 2017 cayó casi un 20% hasta inicios de 2020.

La semana pasada, el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) publicó un informe en el que detalló que el 93% de los mayores de 65 años cobra una pensión o jubilación en la Argentina, el segundo país en la región con mayor cobertura después de Bolivia.(Télam)