Cinco son los temas de la agenda económica que trataría el Congreso en sesiones extraordinarias, que abarcan el período que va desde el 1° de diciembre pasado al 28 de febrero próximo.

Los proyectos son considerados fundamentales para la Casa Rosada y responden a diversos objetivos, soltarles las manos a los gobernadores para que aumenten los impuestos, institucionalizar el acuerdo de precios y salarios que está negociando, flexibilizar la ley de alquileres en beneficio de los inquilinos, intervenir en las góndolas de supermercados y modificar las jubilaciones de jueces y diplomáticos.

Consenso fiscal. El presidente Alberto Fernández incluyó en el temario el Consenso Fiscal 2019, que suspende hasta fin de año cláusulas del Consenso firmado por la administración de Mauricio Macri y los gobernadores en 2017. Ese acuerdo limitaba la capacidad de cobrar impuestos y fijar alícuotas sobre ingresos brutos, sellos, tributos sobre la nómina salarial y algunos otros específicos, todo ello con el objetivo de reactivar la economía.

Jubilaciones de diplomáticos. Fernández incluyó también en el temario el régimen de jubilaciones de jueces y diplomáticos. Esa maniobra respondió a las críticas que recibió la exclusión del régimen de los jueces y diplomáticos de la suspensión de la movilidad, generalizada para el resto de los jubilados, que dispuso la ley de emergencia. Sin embargo, hasta ahora Alberto Fernández no hizo propuestas para modificar la ley vigente. Por el contrario, los jueces a través de la Asociación de Magistrados hicieron pública su posición, negado su carácter privilegiado y remarcado el impacto financiero y las consecuencias judiciales derivadas de su eliminación

Consejo Económico. Otra de las iniciativas que el gobierno pretende tratar en sesiones extraordinarias es la creación del Consejo Económico y Social. Si bien no se conoce aún el texto de la propuesta que el gobierno enviaría al Congreso, el Presidente manifestó que lo concibe como instrumento para institucionalizar los compromisos de los acuerdos de precios y salarios con los sectores productivos que el gobierno está llevando a cabo. Es una herramienta clave para combatir la inflación, según la mirada oficial, aunque sus efectos pueden resultar limitados según los economistas.

José Ignacio de Mendiguren, diputado que preside la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados y es autor del proyecto de ley de creación del Consejo Económico Social, le dijo a LA NACION: «La iniciativa debería tener dos etapas para cumplir con su verdadero objetivo. Hoy necesitamos lograr estabilidad macroeconómica y en ese sentido podría servir para bajar las expectativas inflacionarias. Sin embargo, el Consejo, en una segunda etapa, debería ser un instrumento para cambiar el modelo estructural, dar pelea por salir de una economía primarizada y lograr el desarrollo del país».

Ley de Góndolas. El proyecto de Ley de Góndolas es otra de las iniciativas que integrarían el paquete en carpeta y que fue girado al Senado, luego de su aprobación en Diputados en noviembre último. Fernández lo reclamó al Congreso durante la campaña, aunque por ahora no lo habilitó para su tratamiento en extraordinarias. La norma establece que ningún fabricante puede tener más de 30% de la exposición en góndola.

Ley de alquileres. Finalmente, otra de las iniciativas afines a la intervención económica del Gobierno es la modificación a la ley de alquileres, que aprobada durante la gestión de Mauricio Macri, obtuvo un amplio consenso en Diputados por parte del oficialismo y la oposición. La norma propone la intervención en la relación entre inquilinos y propietarios en beneficio de los primeros, lo que generó resistencias del sector inmobiliario, que consideró la iniciativa una intervención en el sector que retraería la oferta.

Laura Delfino