Se publicó en el Boletín Oficial la nueva Resolución UIF N° 99 /2023 que fija las obligaciones que los sujetos obligados de asociaciones mutuales y cooperativas deberán cumplir para gestionar los riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT) con un enfoque basado en riesgo.

El proceso de redacción de la flamante medida contó con la participación del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), en el marco de lo previsto en el artículo 14, inciso 10 de la Ley N° 25.246, realizándose además un intercambio con las federaciones y confederaciones que nuclean al sector.

El principal objetivo de la reforma es la adopción del enfoque basado en riesgo, según el cual, los sujetos obligados deben identificar, evaluar y entender sus riesgos desde donde adoptar medidas para administrarlos y mitigarlos, a fin de prevenir de manera más eficaz el LA/FT, en concordancia con los estándares, las buenas prácticas, guías y pautas internacionales actualmente vigentes del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

A   raíz   de   esto,   se   incorporan   una   serie   de   definiciones   importantes relacionadas con prevención como autoevaluación de riesgos, efectividad del sistema preventivo, políticas, procedimientos y controles, alertas orientativas que sirven de guía para los SO, así como también el establecimiento de reportes sistemáticos de cumplimiento mensual y anual, entre otras.

En función de la segmentación propuesta por el INAES, la normativa establece para los SO que realizan únicamente el servicio de gestión de préstamos o que otorgan   préstamos   personales   mediante   fondos   provenientes   de   recursos propios y de cobro por deducción o recibo de haberes, la posibilidad de confeccionar el informe técnico de autoevaluación y su metodología, presentar la   declaración   de   tolerancia   al   riesgo,   el   informe   del   revisor   externo independiente y el reporte sistemático anual, cada dos años.

La Resolución UIF N° 99/2023 comenzará a regir a partir del 1 de agosto de 2023, fecha en la cual quedará derogada la Resolución UIF N° 11/2012.

La   UIF   está   llevando   adelante   un   proceso   de   actualización   del   marco regulatorio establecido en sus Resoluciones, impulsando de este modo una mayor   efectividad   del   Sistema   Nacional   de   Prevención   de   LA/FT   en concordancia con las recomendaciones del GAFI y con los resultados de la Primera   Evaluación   Nacional   de   Riesgos   de   Lavado   de   Activos   y   la actualización   de   la   Evaluación   Nacional   de   Riesgos   de   Financiación   del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva de nuestro país, aprobadas de forma unánime en 2022.

En ese contexto, desde el 1 de abril entraron en vigencia la Resolución UIF N° 14/2023 que sumó nuevas pautas para la gestión de riesgos de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT) para entidades financieras y cambiarias. Y la Resolución UIF N° 35/2023 que renovó la regulación para Personas Expuestas Políticamente.

Además el 14 de abril, por medio de la Resolución UIF N° 61/2023 se ajustó el proceso de supervisiones en base a un Enfoque Basado en Riesgos (EBR). El 4 de mayo, la Resolución UIF N° 72/2023 unificó el deber de colaboración de los Organismos de Contralor Específicos (OCEs). Los cambios integraron en una   única   normativa   el   deber   de   cooperación   de   los   OCEs   para   los procedimientos de supervisión, bajo un enfoque basado en riesgo, de los sujetos   obligados   bajo   su   fiscalización   y   facilita   la   coordinación   entre organismos en tareas de supervisión y control.

Asimismo,  la  Resolución  UIF   N°   66/2023,  vigente  desde  el  17  de  mayo, optimizó los procesos de intercambio de información con unidades análogas extranjeras

, mediante la estandarización de los requerimientos cursados a pedido de una autoridad judicial y mejoró la eficacia en los procesos de la información con la incorporación de un modelo de formulario.

A partir del 1 de julio, entraran en vigencia la Resolución UIF N° 84/2023, que actualiza los umbrales a partir de los cuales los sujetos obligados a informar deben llevar adelante medidas de debida diligencia de sus clientes y reportes sistemáticos de operaciones, tomando como parámetro el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM); y la Resolución UIF N° 78/2023 para mercado de capitales, donde se adecuaron los requisitos mínimos que debe cumplir el sector para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de LA/FT.

Cada uno de los cambios del marco normativo es clave para enfrentar la 4ta Ronda de Evaluación Mutua del GAFI hacia la Argentina, que se inicia durante el segundo semestre del 2023 y se extenderá hasta octubre de 2024.