Fortalezas como la adhesión a las convenciones internacionales sobre los derechos de la niñez e infancia, leyes de apoyo a víctimas y la garantía de acceso a la ILE coexisten en la Argentina con déficits, a nivel legislativo, como la falta de tipificación de algunos delitos o la compra y venta de niñas, niños y adolescentes según un informe presentado este jueves en el Congreso por la Red por la Infancia.

El trabajo «Fuera de las Sombras», en el que se incluye el informe sobre la Argentina reporta sobre cómo 60 países del mundo, que representan el 85% de la población mundial de niños, niñas y adolescentes, previenen y responden al abuso y la explotación sexual en la infancia y adolescencia.

Paula Wachter, directora ejecutiva de Red por la Infancia, presentó ante la Comisión Bicameral de Defensa de los Derechos de la Niñez del Congreso el informe sobre la Argentina y los estándares internacionales en materia legislativa y de políticas públicas de prevención y abordaje del abuso sexual en la infancia.

«Si bien el acceso al sistema de salud pública es un gran avance» en los casos de niños violentados, «la falta de acceso a programas de salud mental y de servicios de apoyo a largo plazo y acceso a justicia son grandes deudas pendientes», detalló.

En su exposición en el Senado ante senadoras y diputadas, la dirigente agregó que «en los últimos años se aceleró la cantidad de casos y también la gravedad de los mismos, sobre todo después de la pandemia de la Covid-19, donde los niños estuvieron permanentemente expuestos a las pantallas».

Watcher precisó que a nivel global 400 millones de niños son potencialmente víctimas de abuso sexual y que la situación de la Argentina presenta «déficits a los que se debe atender».

«En el área de prevención la gran deuda pendiente (en la Argentina) es la elaboración de un plan nacional integral conformado por políticas públicas con presupuesto adecuado y la producción de datos de prevalencia, lo que habla del compromiso real del Estado en comprender y responder el problema», indicó.

La funcionaria dijo no obstante que «Argentina cuenta con varias fortalezas como la adhesión a las convenciones internacionales y leyes de apoyo a víctimas (no se penaliza a las víctimas de trata, los delitos contra la integridad sexual no prescriben, y se garantiza el acceso a la ILE a las víctimas de violaciones)».

Agregó que el país tiene buena respuesta desde el Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal (MPF) de la Ciudad de Buenos Aires, que actúa como enlace con el Centro Nacional para Niñas, Niños y Adolescentes Desaparecidos y Explotados, los fiscales y las fuerzas policiales de todo el país.

Sin embargo, «a nivel legislativo persisten severos déficits como la falta de tipificación de algunos delitos, como por ejemplo la compra y venta de niños, niñas y adolescentes».

«Tampoco se cuenta con un sistema de registro y monitoreo de la prevalencia de casos que permita demostrar el compromiso del Estado en comprender y abordar el problema», añadió.

«En el pilar de respuesta (argentina) se destaca el acceso gratuito a la salud pública y la existencia de lineamientos para los agentes de salud. Sin embargo, no cuenta con un plan nacional de prevención y respuesta y no hay políticas públicas destinadas a la recuperación de las víctimas más allá de la respuesta inmediata y el proceso de justicia es uno de los que reciben menor puntuación global».

El informe cuenta con un sistema comparativo entre nuestro país y otros 60 estados para sobre la prevención y respuestas al abuso y a la explotación sexual de este segmento de las sociedades.

Argentina ocupa el puesto 49 entre los 60 países estudiados, indica el informe.

En la reunión de hoy, también expuso en el Congreso, Claudia Rizzo, de la asociación civil Arco Violenta para la atención y prevención de violencia de género, quien dio detalles sobre la campaña para prevenir violencia contra mujeres en el deporte en la que los propios varones intervienen en las canchas para manifestarse en contra de este tipo de hechos.