El presidente Pedro Castillo solicitó al organismo la activación de los artículos 17 y 18 de la Carta Democrática con la que puede brindar asistencia cuando «el Gobierno de un Estado miembro considere que está en riesgo su proceso político institucional democrático o su legítimo ejercicio del poder».

La misión de Alto Nivel de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que examina la situación política en el Perú se reunió este martes con parlamentarios de diversas tendencias, en el segundo y último día de su visita a Lima, de la que saldrá un informe para el foro continental.

El grupo guardó reserva ante la prensa sobre los resultados de las conversaciones, aunque su portavoz, el excanciller paraguayo Eladio Loizaga, anticipó que hubo un diálogo «muy sincero, muy abierto y transparente» con el presidente Pedro Castillo y los otros interlocutores.

«Oportunamente elevaremos un informe al Consejo Permanente de la OEA y de ahí se podrán conocer las conclusiones», dijo Loizaga en un encuentro con la prensa.

La OEA decidió enviar al grupo para revisar el caso in situ, después de que Castillo reclamara la participación del organismo continental al amparo de la Carta Democrática Interamericana, con el argumento de que está en marcha un “golpe de Estado” promovido por la oposición parlamentaria.

Loizaga y los otros miembros de la misión -los cancilleres de Belice, Eamon Courtney; Ecuador, Juan Carlos Holguín, Guatemala, Mario Búcaro, y Paraguay, Julio César Arriola, y los vicecancilleres de Argentina, Pablo Tettamanti; Colombia, Laura Gil, y Costa Rica, Christian Guillermet- desarrollaron entre el lunes y este martes una maratón de encuentros.

El primero fue con Castillo, quien, según el ministro de Trabajo, Alejandro Salas, que estuvo presente, planteó la necesidad de “unidad, diálogo, consenso y acercamiento” para resolver los problemas del país.

Después, los visitantes se encontraron con el presidente del Congreso, el opositor José Williams, quien les negó que haya intención golpista del parte del Legislativo.

“Les explicamos de las tres denuncias constitucionales (que hay contra Castillo), una de la fiscal de la Nación, otra de ciudadanos y la última de congresistas», afirmó Williams, un eventual sustituto de Castillo en caso de que el mandatario sea suspendido o destituido por el Parlamento.

Las reuniones de la víspera incluyeron a la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, quien comentó que hizo énfasis en la necesidad de respeto a la autonomía de su sector; a la fiscal general, Patricia Benavides, autora de la denuncia constitucional que tiene en riesgo al mandatario, y al Tribunal Constitucional.

Fuentes de la Fiscalía indicaron que en la reunión se ventilaron algunos de los casi 200 elementos probatorios que el Ministerio Público asegura haber reunido para confirmar actos corruptos de Castillo mediante la designación de funcionarios y la adjudicación de obras.

También hubo un encuentro con la vicepresidenta, Dina Boluarte, quien indicó que les expuso a los enviados de la OEA las presuntas irregularidades que hay en un proceso en su contra y que podría derivar en una suspensión para ejercer cargos públicos.

Boluarte es acusada de haber continuado como presidenta de un club privado cuando se desempeñaba como ministra (de Inclusión Social) lo que está prohibido. Para el oficialismo, lo que busca la oposición es deshacerse de ella para que ante una eventual salida de Castillo su reemplazo sea quien presida el Congreso en ese momento.

Los parlamentarios de diverso signo, que fueron desde el dividido oficialismo de izquierda hasta los grupos más radicales de la oposición de derecha, expresaron en las reuniones sus respectivas perspectivas.

La congresista Patricia Juárez, del partido Fuerza Popular, que tiene la mayor bancada y es uno de los más activos impulsores de la salida de Castillo, dijo que le expresó a los visitantes que su colectivo y sus aliados están comprometidos con la democracia y no pueden ser tildados de golpistas.

Los encuentros de este martes incluyeron a otros interlocutores, entre ellos la directiva de la Conferencia Episcopal Peruana, cuyo primer vicepresidente, el cardenal Pedro Barreto, ha hecho varios esfuerzos para acercar a las partes, sin ser escuchado.

Durante su presencia en Lima, los visitantes estuvieron acechados por el grupo violento ultraderechista La Resistencia, pero la Policía los mantuvo lejos y hasta la tarde de este martes no se habían registrado incidentes. El grupo, con gritos insultantes, acusa a la OEA de pretender proteger a Castillo.

Perú vive inestabilidad desde que Castillo asumió en julio del año pasado y comenzó a ser atacado por la oposición, que ya ha desarrollado dos intentos por vacarlo (destituirlo) por “incapacidad moral permanente”, los que han fracasado por no reunir los votos de al menos 87 de los 130 legisladores.

Los congresistas tienen ahora nuevos cambios en la denuncia de la Fiscalía y en la acusación por presunta traición a la patria, las que siguen trámite en el Parlamento mientras en forma paralela se alista un tercer intento de vacancia.

No obstante, en los dos casos hay objeciones: la acusación de la Fiscalía es por corrupción, pero a un presidente en funciones, por Constitución, solo se le puede procesar por traición a la patria o por obstaculización de elecciones. Los demandantes piensan superar el problema recurriendo a tratados internacionales de los que el Perú es signatario.

En el tema de la supuesta traición, las objeciones se centran en que según varios juristas no hay delito, pues Castillo solo expresó una opinión en una entrevista y no hubo ningún acto concreto. En esa entrevista, el mandatario dijo que podría ser posible consultar a los peruanos en un referendo si quieren darle una salida al mar a Bolivia.

Los choques permanentes han llevado al Perú a una parálisis política que se refleja ya en vacíos de gobierno, en problemas económicos y en una profunda insatisfacción popular. Según encuestas, la aprobación de Castillo no pasa de 30% y la del Congreso es considerablemente menor.

En medio de esa insatisfacción y pesimismo, la visita de la OEA no ha estado rodeada de manifestaciones en favor ni en contra de Castillo, como se esperaba. El silencio de las calles ha sido una tónica en medio de la crisis.

La OEA no tiene facultades para plantear salidas vinculantes, pero puede sugerir caminos de entendimiento a partir del informe que preparen los enviados.

FUENTE:TELAM