Se trata de proyecto del bloque oficialista Vamos Juntos, que busca que el Tribunal tenga injerencia en causas del ámbito nacional y que es rechazado por el Frente de Todos por considerarlo como un intento de «control político» sobre la justicia.

La legislatura porteña debatirá en el recinto el próximo jueves un proyecto del bloque oficialista Vamos Juntos, que busca ampliar las competencias del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de Buenos Aires para que tenga injerencia en causas del ámbito nacional y que es rechazado por el Frente de Todos por considerarlo como un intento de «control político» sobre la justicia.

Así lo indicaron a Télam fuentes de la comisión de Justicia de la Legislatura porteña, que es presidida por el legislador Martín Ocampo, integrante del bloque UCR-Evolución (fuerza aliada a Vamos Juntos) y exministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.

Desde el Frente de Todos (FdT) cuestionaron tanto el contenido del proyecto que apunta a ampliar las competencias del TSJ porteño con la pretensión de habilitarlo a entender en causas iniciadas en juzgados nacionales, como la forma en que obtuvo dictamen de mayoría en Comisión y quedó en condiciones de ser votado en el recinto.

La legisladora del FdT Claudia Neira dijo a Télam que con esta iniciativa el oficialismo porteño busca tener un «control político-jurídico sobre determinadas causas» judiciales, al darle al TSJ local la posibilidad de «tener la última palabra» sobre recursos que provienen de juzgados nacionales.

La diputada Lucía Cámpora, por su parte, advirtió que «intentan institucionalizar un mecanismo para que las causas terminen en los tribunales amigos del oficialismo de la Ciudad; y sabemos cómo se compone el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, tiene hasta funcionarios del gobierno de Mauricio Macri», dijo.

Ambas diputadas mencionaron como una de las causas que le interesan al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta aquella que juzga los posibles delitos cometidos en el trámite de quiebra del Correo Argentino, en la que está denunciado el expresidente, Mauricio Macri, y que tramita hace años en la Justicia nacional.

Las legisladoras cuestionaron también la forma en que Vamos Juntos logró el dictamen que habilitó el tratamiento del proyecto de ley en la sesión de este jueves.

Al respecto, Neira consideró que el proceso fue «irregular», mientras Cámpora dijo que lo «metieron por la ventana».

«En un proyecto que era para institucionalizar las audiencias y las notificaciones virtuales incorporaron de manera sorpresiva la posibilidad de que se recurra ante el Tribunal Superior de Justicia (de la CABA) por fallos de la Justicia nacional», alertó Cámpora.

Y añadió: «Es meter por la ventana un tema que no tenía nada que ver con el proyecto que se estaba discutiendo y que, además, es una cuestión sumamente compleja que ni siquiera corresponde a la Legislatura resolver por su cuenta».

El proyecto que llegará al recinto se titula «Modificación de la Normativa vigente en materia de Audiencias Administrativas y Judiciales»; sin embargo, uno de sus artículos modifica la ley 402, de «procedimientos ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad».

Dicha modificación pretende establecer que los recursos ordinarios de apelación ante el TSJ de la CABA puedan proceder «contra las sentencias emanadas de los tribunales de la ciudad de Buenos Aires o los integrantes de la Justicia nacional de la Capital Federal».

Al respecto, se manifestó en un comunicado el Frente de Abogadxs Populares (FAP), al advertir que el oficialismo porteño busca ampliar «inconstitucionalmente las funciones y competencias del TSJ» local.

«La pretendida modificación persigue el sometimiento de la justicia nacional a la justicia porteña, digitada por quienes formaron parte de la mesa judicial de la alianza Cambiemos, y cimentada en el absoluto control que sobre ella ejerce el Poder Ejecutivo de la Ciudad», advirtieron.

«Para demostrar lo dicho -agregaron- basta recordar como la Sala IV del fuero Contencioso Administrativo local, manipulando de manera alevosa tanto el sorteo de las causas, como las más elementales reglas de derecho constitucional y federal, entre gallos y media noche le regaló un fallo a medida del Jefe de Gobierno (Horacio Rodríguez Larreta) cuando se discutía la presencialidad escolar, en un contexto de máxima tensión con el Gobierno nacional y altísimos niveles de contagiosidad del Covid-19».

El FAP también afirmó que el TSJ está integrado «casi en su totalidad por militantes orgánicos de Cambiemos, entre ellos, Otamendi, exsecretario de justicia de Macri, y miembro activo de la Mesa Judicial» del gobierno de Cambiemos.

FUENTE:TELAM