El juez a cargo del juzgado, Enrique Alonso Regueira, decidió no hacer lugar a la suspensión provisoria e inmediata del decreto, fijando un plazo de cinco días hábiles para que el Gobierno nacional presente su informe de respuesta y argumentos antes de tomar una resolución definitiva sobre la medida cautelar. De esta manera, la vigencia del marco establecido por el DNU se mantendrá sin cambios mientras se lleva a cabo el proceso judicial, postergando cualquier decisión sobre la venta de campos y terrenos agrícolas a capitales internacionales hasta que el tribunal analice los descargos correspondientes. Tras la resolución judicial, el diputado Pichetto expresó su descontento en redes sociales, señalando que la negativa de la cautelar preventiva podría llevar a recurrir a instancias superiores y destacando el riesgo para el patrimonio nacional que implica la venta de tierras sin límites a extranjeros.

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