La justicia del Trabajo dio a conocer en las últimas horas un fallo en el que respalda de forma contundente el accionar del gremio de Atilra, en el marco de un conflicto –originado inicialmente por un reclamo menor- de los trabajadores con la empresa “Lácteos Vidal”. El fallo judicial determinó que tanto los trabajadores como el gremio lechero siempre ajustaron su accionar conforme a derecho.

En un fallo judicial que fue dado a conocer por la dirigencia gremial de Atilra y en contraposición padecido por la empresa “Lácteos Vidal” (dirigida por Alejandra Bada Vázquez), la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirmó las Resoluciones de primera instancia que determinaron “el accionar ilegal y las violaciones reiteradas de normas laborales por parte de la empresa”, señala un comunicado de prensa dado a conocer por el sindicato.

Bajo el título “El caso Lácteos Vidal: un ejemplo paradigmático”, Atilra dio cuenta de la información, resaltando que desde el sector patronal nunca hubo voluntad de diálogo y vocación de cumplir con la ley, al tiempo que recordó que el conflicto se originó “a partir de un simple reclamo de categorías laborales que culmina con la imposición sancionatoria a la empleadora”. El gremio en su comunicado de prensa emparentó la actitud asumida por la responsable de Lácteos Vidal  con la posición adoptada por la empresa Sancor, destacando que Lácteos Vidal buscó respaldar su posición “… en el mismo circo mediático y político que acompaña el accionar de los directivos de Sancor, investigados por evasión fiscal y administración fraudulenta, y por levantar falsas denuncias contra los trabajadores”, a quienes dicen “pretenden endilgar el descabellado desmanejo empresario que ha llevado a la cooperativa a la ruina”.

LA EMPRESARIA DEBERA PAGAR LAS COSTAS JUDICIALES

Como consecuencia de la decisión de la justicia, la dueña de Lácteos Vidal, Alejandra Bada Vázquez, deberá pagar las costas del juicio que inició contra el gremio de Atilra. La empresa se encuentra ubicada en la pequeña localidad de Moctezuma, perteneciente al distrito de Carlos Casares, en la provincia de Buenos Aires.

La contundencia del fallo judicial no deja alternativas al sector patronal, que está judicial y mediáticamente patrocinado por la legisladora ahora devenida en libertaria Florencia Arietto.  La abogada de la patronal había apelado las resoluciones del magistrado de primera instancia, quien había determinado la obligación de la empresa de reincorporar a los trabajadores despedidos sin justa causa. Ahora, ese fallo fue ratificado por la Cámara Nacional de Apelaciones.

Ahora, la empresa deberá afrontar las multas conminatorias por desoír resoluciones judiciales, y los embargos producidos por la falta de pago a los trabajadores de Atilra con sus correspondientes astreintes (sanciones valuadas en dinero contra el deudor).

También había recusado a los Camaristas e interpuesto recursos de queja y apelaciones. La Cámara Nacional no le hizo lugar a ninguno de esos pedidos. La defensa de los trabajadores estuvo a cargo del doctor Julián Coronel.

LA HISTORIA DEL CONFLICTO

El conflicto inició en 2018 cuando los trabajadores de Lácteos Vidal reclamaron el pago correcto de presentismo, cumplimiento de las normas de seguridad e higiene y la recategorización de trabajadores mal encuadrados en el marco de un convenio colectivo diferenciado y a la baja.

En 2022 hicieron un primer paro y el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria. Vencida la misma, los trabajadores regresaron a las medidas de fuerza con el apoyo de la plana mayor del gremio de lecheros, ATILRA.

Como la patronal no realizó ni una sola propuesta tendiente a cumplir las leyes laborales y el Convenio Colectivo de Trabajo 2/88, que rige para los trabajadores y las trabajadoras de la Industria Lechera, en agosto del año pasado iniciaron un paro por tiempo indeterminado.

La familia Bada Vázquez junto al insólito Movimiento Empresarial Antibloqueos (MEAB) al que adhiere Florencia Arietto, denunció que el sindicato bloqueaba la planta y los extorsionaba. Sin embargo, la justicia, en distintas instancias, determinó que el supuesto bloqueo no existió y que los trabajadores ejercieron en forma lícita el derecho a huelga.

ciones del magistrado que ordenaban cumplir con la reincorporación de los trabajadores despedidos sin causa, las multas conminatorias por desoír resoluciones judiciales, y los embargos producidos por la falta de pago a los trabajadores de Atilra con sus correspondientes astreintes (sanciones valuadas en dinero contra el deudor).

También había recusado a los Camaristas e interpuesto recursos de queja y apelaciones. La Cámara Nacional no le hizo lugar a ninguno de esos pedidos. En síntesis: se le acabaron los recursos posibles. La defensa de los trabajadores estuvo a cargo del doctor Julián Coronel.